La falta de accesibilidad al transporte público para las personas en condición de discapacidad se evidencia en muchos de los sistemas de transporte del país. Falta de rampas o espacios para sillas de ruedas impiden el libre desarrollo de la cotidianidad de estas personas.
Foto: commons.wikimedia.org Autor: (Bryan)
Varias ciudades en el mundo han tenido que replantear su estructura para incluir a las personas que no tienen las mismas capacidades físicas, lo que se traduce en una inversión adicional para reparar lo que desde un inicio no se tomó en cuenta.
Los sistemas de transporte público de las principales ciudades del país presentan deficiencias para la accesibilidad de personas inválidas, invidentes, sordas y con otras discapacidades. Es el caso del Metro de Medellín, que en sus inicios no contempló en sus planes, estructuras o rampas para el desplazamiento de estas personas, sistemas de información para invidentes, y alarmas para las personas con incapacidad para escuchar.
Años después de la inauguración del sistema de transporte, las falencias de accesibilidad llevaron a tomar la decisión de invertir en una estructura que permitiera el acceso de las personas en condición de discapacidad con la creación de unas rampas móviles al interior y exterior de las estaciones. Personas con limitaciones de movilidad ya tienen la posibilidad de bajar y subir escaleras.
Pero la falta de planeación no sólo ocasiona molestias entre los ciudadanos, también se traduce en millonarios gastos adicionales para la adecuación de los proyectos, no sólo en el caso del transporte público, sino también en la planeación de las ciudades.
El Transmilenio de Bogotá, también ha recibido varias denuncias. La queja principal se presenta actualmente con la puesta en marcha de la ruta de buses SITP, un sistema que hace poco entró en funcionamiento y que para muchos impone barreras a la participación plena de la ciudadanía. Iniciar un proceso de adecuación de sus servicios para las necesidades de los bogotanos con discapacidades físicas, generaría millonarios costos, caso reprochable, pues es un sistema que apenas empezó a regir hace unos pocos meses. Sólo el 0,9% de buses del SITP están adecuados para discapacitados.
Aún hoy, cuando se han denunciado varios casos de falta de planeación, se sigue improvisando en materia de accesibilidad. Es por esto que líderes de la población piden la implementación de políticas para que las empresas tanto públicas como privadas, cumplan con los requisitos que exige la ley para personas con movilidad reducida.
Quejas por rampas, aceras y calzadas mal diseñadas para la inclusión abundan en el país. Lo que hoy puede considerarse un avance en la construcción de obras que permitan la libre movilidad, son acciones que han sido criticadas por arquitectos y ciudadanos, quienes consideran que la improvisación ha sido evidente.
Pensar la ciudad para las personas en las diferentes etapas de la vida y situaciones debe ser el eje principal en la planeación de la misma. Estructuras pensadas para todos y no para un público específico, en el que no haya barreras, es lo que hace a una sociedad incluyente.
