El gremio de Empresas Colombianas de Seguridad (Ecos) ha lanzado una advertencia sobre la inestabilidad y las trabas administrativas que enfrenta el sector, el cual genera más de 450.000 empleos directos y factura cerca de $14,8 billones de pesos anuales. Las principales preocupaciones se centran en los constantes cambios en la dirección de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como las demoras para la expedición de permisos de porte de armas.
Según el portal Infobae, el presidente de Ecos, José Saavedra, señaló que, durante el actual gobierno, la Supervigilancia ha tenido cuatro superintendentes diferentes. Esta alta rotación ha impedido la continuidad de los programas y la planificación a largo plazo, generando un “enorme cuello de botella” para las 927 empresas registradas en el país. Uno de los trámites más afectados es la compra y porte de armamento, lo que impacta directamente la capacidad de las empresas para prestar sus servicios de protección.
La situación es particularmente crítica en los esquemas de protección a líderes políticos y sociales. Saavedra denunció que, a pesar de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha reforzado la seguridad de varias personas, las empresas no han podido equipar a sus guardas debido a las demoras en los permisos. El gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para que brinde estabilidad a la Superintendencia y agilice los trámites con el fin de garantizar la operatividad y la seguridad jurídica de un sector que es clave para la protección del país.
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