La relación entre el activismo social y el desarrollo económico resulta compleja de establecer, principalmente debido a la dificultad para medir el primero. Este puede entenderse como formas de participación alternativa, disruptiva y simbólica, que cada vez están menos enfocadas exclusivamente en problemáticas materiales como la inequidad en los ingresos o la distribución desigual de la tierra. En cambio, también se fundamenta en identidades, valores y derechos, como ocurre con los movimientos feministas, ecologistas y de diversidad sexual, entre otros.
A diferencia de la participación política, que puede medirse mediante censos electorales, afiliación a partidos, asistencia a debates y otras actividades canalizadas a través de medios institucionales, el activismo se desarrolla en espacios híbridos como calles, redes sociales, plataformas digitales y otros entornos que escapan al control absoluto del Estado y sus instituciones. Es más volátil y depende en gran medida de causas contextuales, como los cambios en la coyuntura política, social y ambiental, lo que dificulta evaluar con precisión su intensidad, impacto y frecuencia.
Por otro lado, es posible identificar el impacto de la participación política en el desarrollo, evidenciándose una correlación positiva y constante entre altos niveles de participación democrática y prosperidad económica. Los países con sistemas democráticos más sólidos, como los nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), suelen concentrar un mayor poder económico a nivel global. De manera similar, en regiones cercanas a Colombia, tanto por su ubicación geográfica como por su contexto económico, se han registrado avances significativos. Casos como Brasil, Chile y Corea del Sur demuestran que el fortalecimiento de las democracias, impulsado por una participación política más activa, ha derivado en mejoras económicas sustanciales. (Formar para trabajar, trabajar para formar: Claves del desarrollo según Paul Romer)
Los países nórdicos, antes mencionados, no sobresalen exclusivamente por su participación política; sus instituciones gubernamentales también promueven activamente la intervención social al proteger los derechos de propiedad privada, garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento de los contratos y fomentar la igualdad en derechos y oportunidades. Lo anterior, ha generado una elevada confianza en las instituciones estatales, que suele superar el 70%. Por lo anterior, el activismo social en estas naciones se orienta a operar dentro del sistema democrático existente, priorizando mejoras graduales a partir de la institucionalidad instalada y enfocándose en soluciones sostenibles a largo plazo.
En cambio, en democracias menos consolidadas como las de América Latina, el activismo se distingue por su carácter más antisistémico y confrontacional, impulsado por una profunda desconfianza hacia las instituciones, cuya credibilidad rara vez supera el 40%. Esta desconfianza se ve reforzada por la incapacidad de dichas instituciones para garantizar igualdad de oportunidades y evitar que la estructura estatal perpetúe el poder de élites económicas y sociales. Como resultado, el activismo en la región tiende a ser más orientado al corto plazo, enfocado en atender necesidades urgentes, y responde principalmente a problemas relacionados con la exclusión y la desigualdad social. Además, suele fomentar liderazgos populistas que prometen transformaciones radicales, pero que se estancan a la hora de lograr consensos (Al parecer, las posiciones políticas de centro no existen)
Estas dos formas de activismo no pueden clasificarse como positivas o negativas, ya que están moldeadas por los contextos sociales y económicos, así como por la estructura institucional en la que se desarrollan. De distintas maneras, ambas cumplen con uno de los beneficios más relevantes del activismo en las sociedades democráticas: vigilar a las instituciones estatales e intentar corregir las afectaciones que puedan surgir.
En conclusión, la evidencia indica que, si bien la democracia no asegura automáticamente el desarrollo, las sociedades más participativas y democráticas suelen generar condiciones más favorables para un crecimiento económico sostenible y equitativo. Los cinco países que lideran el Índice de Democracia Liberal, Dinamarca, Suecia, Estonia, Suiza y Noruega, destacan por su fortaleza económica y, especialmente, por su capacidad para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En contraste, los últimos en la lista, Afganistán, Nicaragua, Myanmar, Corea del Norte y Eritrea (puestos 175 a 179 a nivel mundial), son conocidos por tener gobiernos autoritarios o democracias restringidas y niveles extremadamente bajos de bienestar social.
