El Consejo de Estado, máximo tribunal de la administración pública en Colombia, ha suspendido provisionalmente el decreto que buscaba implementar una parte esencial de la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro. La normativa pretendía modificar funciones clave de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y reorientar el sistema hacia un modelo de atención primaria enfocado en la prevención.
De acuerdo con el diario El País, el alto tribunal aceptó la demanda que solicitaba frenar la aplicación del decreto de forma inmediata. La corte señaló que el Gobierno Nacional “excedió la potestad reglamentaria” al intentar regular de manera integral el modelo de Seguridad Social en Salud mediante un decreto, una atribución que la Constitución encarga exclusivamente al Congreso de la República. La decisión tiene efecto inmediato y obliga al Ejecutivo a depender completamente del trámite legislativo en el Senado.
La parálisis judicial contrasta con las demandas de transformación del sector. Voces expertas han enfatizado la necesidad de enfocarse en la eficiencia y la innovación. Leonardo Espitia, gerente general de Amgen, ha señalado que “invertir en salud es invertir en productividad”, mientras que Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), destaca que “el crecimiento sostenido no es automático; es producto de un ciclo constante de innovación”. La directora de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma), Yaneth Giha, advierte que, en Colombia, la espera para que un paciente acceda a un tratamiento innovador es de 66 meses, mientras que en Latinoamérica se tardan 57 meses. Este contexto subraya que la solución a los desafíos del sistema exige un consenso legislativo que la decisión del Consejo de Estado impulsa de vuelta al Congreso.
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