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Pasivo pensional de COP $10,3 billones amenaza al 97,0  % de las universidades

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La educación superior pública en Colombia enfrenta una realidad financiera. Solamente una de las 34 instituciones existentes tiene la capacidad de operar con recursos propios. Esto deja al 97,0 % del sistema en una situación de dependencia fiscal. Un estudio del sector revela que el 50,1 % de los ingresos totales de estas entidades proviene de aportes nacionales. Además, esta fragilidad se ve agravada por una carga estructural ineludible: el pasivo pensional. Este pasivo ascendió a $10,3 billones en 2024. Dicha obligación se encuentra altamente concentrada. Específicamente, la Universidad Nacional y la Universidad del Valle absorben conjuntamente el 57,8 % de la deuda. Así, se desvían fondos vitales que deberían destinarse a docencia e infraestructura.

Según Portafolio, el informe de la Contraloría General de la República evidencia una desigualdad en la distribución de recursos. Cuatro instituciones (UNAL, UNAD, UdeA y Univalle) acaparan el 48,0 % de los ingresos del orden nacional. Tal concentración genera asimetrías regionales drásticas en la inversión por alumno. Por ejemplo, oscila entre los $11,4 millones en la Universidad Nacional y apenas $525.777 en la UNAD. Este contraste se da frente a un promedio país de $4,5 millones. En consecuencia, este patrón distributivo afecta la equidad del gasto público. También limita la capacidad de expansión de las universidades con menor cobertura histórica.

En términos de salud financiera, el 75,8 % de las instituciones mantiene indicadores de solvencia adecuados. Sin embargo, un preocupante 24,2 % registra niveles inferiores al margen óptimo, lo que restringe su maniobrabilidad operativa. Ante este escenario, el ente de control estima que la reforma a la Ley 30, necesaria para garantizar la gratuidad y sostenibilidad futura, tendría un impacto fiscal de $27,8 billones para el periodo 2027-2036. Por consiguiente, se hace urgente diversificar las fuentes de financiación. Además, es fundamental actualizar los cálculos actuariales para evitar el estancamiento económico del sistema educativo estatal.

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