Durante 66 años, el sistema instaurado tras la Revolución Cubana logró sortear choques que habrían derribado a otros gobiernos: resistió el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962, sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y amortiguó el colapso del “Período Especial” gracias a una posterior alianza estratégica con Venezuela. Sin embargo, el escenario de 2026 luce cualitativamente distinto. La isla enfrenta una combinación inédita de déficit energético extremo, agotamiento demográfico y ausencia de un patrocinador internacional dispuesto a subsidiar su economía. Ya no se debate qué mecanismo permitirá ganar tiempo, sino si el modelo puede sostenerse sin divisas, sin combustible suficiente y con una emigración histórica que erosiona su base laboral y profesional.
El deterioro no es repentino: es la culminación de una descapitalización prolongada, agravada por la crisis venezolana desde 2013, el desplome del turismo tras la pandemia y una unificación monetaria que disparó la inflación. En 2026, la reducción drástica de envíos de crudo —en medio de tensiones regionales y nuevas presiones desde Washington bajo el liderazgo de Donald Trump— ha llevado a apagones de hasta 20 horas diarias, paralizando industria, transporte y servicios básicos. Sin reservas suficientes para comprar energía en el mercado internacional y sin reformas estructurales profundas que reactiven la productividad interna, el régimen enfrenta un punto de inflexión histórico: administrar la escasez ya no parece suficiente para garantizar estabilidad política en un país materialmente exhausto.
