La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica alertó sobre un grave riesgo para la prestación continua de los servicios públicos en el país. El déficit financiero surge por los retrasos gubernamentales en el desembolso de compromisos económicos, generando una presión insostenible sobre las compañías encargadas del suministro nacional. Dicha coyuntura amenaza directamente la estabilidad operativa de múltiples actores del sistema, incluyendo distribuidores y productores gasíferos que dependen de los flujos de capital para mantener el funcionamiento diario.
Según el diario El Tiempo, el componente principal del déficit corresponde a los alivios aplicados en las facturas de los hogares más vulnerables. A enero de 2026, la obligación gubernamental por tal concepto alcanza los 2,6 billones de pesos en el área eléctrica y 1,0 billones en gas natural. El hueco fiscal continúa expandiéndose mensualmente en aproximadamente 410.000 millones de pesos. El esquema actual exige que las corporaciones asuman el descuento anticipadamente, esperando un reembolso oficial que actualmente no llega a las arcas corporativas.
Paralelamente, el gremio enfrenta otras obligaciones pendientes que agravan la liquidez del mercado. Los saldos vinculados a la opción tarifaria implementada durante la pandemia suman cerca de 2,2 billones de pesos, a lo cual se adiciona una cartera de 1,4 billones por consumos no pagados por entidades públicas. Ante semejante escenario, los representantes sectoriales proponen acelerar los reembolsos atrasados y regularizar las cuentas estatales para evitar daños irreparables en la infraestructura nacional, advirtiendo que una prolongación del impago podría desencadenar aumentos tarifarios significativos para millones de usuarios.
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