La economía de China enfrenta una transformación silenciosa pero profunda: la consolidación de una nueva élite hereditaria. Tras décadas de crecimiento acelerado, la primera generación de grandes empresarios comienza a transferir su riqueza a sus hijos, en un proceso que podría movilizar billones de dólares sin prácticamente ninguna carga fiscal. En un país donde no existe un impuesto general a la herencia, los denominados fuerdai —la segunda generación de ricos— están configurando una estructura social cada vez más cerrada, donde el acceso al capital, la educación y las redes de poder tiende a concentrarse en círculos cada vez más exclusivos. Este fenómeno ocurre en paralelo a una creciente desigualdad, donde el 10% más rico concentra la mayor parte de la riqueza nacional.
Esta dinámica entra en tensión directa con la narrativa de “prosperidad común” promovida por Xi Jinping, cuyo discurso busca reducir brechas sociales sin recurrir a mecanismos tradicionales de redistribución como los impuestos a la riqueza heredada. La ausencia de intervención estatal en este frente refleja un cálculo político: gravar estas fortunas podría generar fuga de capitales y tensiones con las élites económicas y políticas que sostienen el sistema. El resultado es una paradoja estructural: mientras el discurso oficial defiende la igualdad, la realidad apunta hacia la consolidación de una aristocracia económica con vínculos crecientes al poder político, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo chino en el largo plazo.
