El sector de comercio exterior colombiano atraviesa una coyuntura jurídica determinante con la cuenta regresiva para la expedición del nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en Materia Aduanera. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), junto con seis gremios adicionales que agrupan la cadena logística nacional, remitió el 27 de mayo de 2026 una solicitud conjunta a las Presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes para priorizar en la agenda legislativa el trámite del Proyecto de Ley 312S de 2025, acumulado con el 331S de 2025. La iniciativa pretende cumplir con el plazo improrrogable del 20 de junio de 2026, establecido por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-072 de 2025, fallo mediante el cual el alto tribunal determinó que las normas sancionatorias en materia aduanera deben ser expedidas mediante ley del Congreso y no a través de decretos del Ejecutivo. La materialización oportuna del trámite resulta esencial para preservar la seguridad jurídica de los procesos en curso, mantener la capacidad de control sobre operaciones de comercio exterior y blindar al país frente a riesgos asociados al contrabando y a delitos transnacionales relacionados con la cadena logística internacional.
Según el diario Portafolio, la ausencia de un nuevo régimen sancionatorio obligaría a la aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 de la Constitución, lo que conllevaría el archivo de cerca de 10.851 procesos aduaneros por un valor estimado de $7,1 billones. La cifra se descompone en 8.250 procesos en etapa de investigación de fiscalización por $3,3 billones, 2.453 procesos judiciales aduaneros por $2,7 billones y 148 discusiones administrativas por $1,1 billones. Adicionalmente, las autoridades aduaneras quedarían sin sustento legal para ejecutar aprehensiones, decomisos y liquidaciones de sanciones, lo que comprometería la integridad del sistema de control fronterizo. El 19 de mayo de 2026, las Comisiones Segundas Conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron el proyecto en primer debate por unanimidad. Sin embargo, el segundo debate en las plenarias de ambas corporaciones aún no ha sido citado, lo que motivó a los gremios firmantes (Analdex, Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT) a solicitar formalmente que la iniciativa sea incorporada en el orden del día de la plenaria correspondiente a más tardar el 2 de junio de 2026, como segundo punto, garantizando así el cumplimiento de los pasos restantes: segundo debate, conciliación de textos y sanción presidencial.
El ecosistema completo del comercio exterior colombiano se encuentra alineado en torno a la urgencia de la aprobación oportuna. Los gremios firmantes representan a importadores, exportadores, agencias de aduanas, agentes de carga, operadores logísticos, transportadores, zonas francas, comerciantes y la academia tributaria y aduanera, configurando un respaldo amplio a la iniciativa. Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, calificó la situación como una verdadera carrera contra el tiempo y advirtió que las consecuencias jurídicas y fiscales para el país resultarían muy graves si el trámite no se acelera durante las próximas semanas. Más allá del impacto inmediato sobre los procesos en curso, los gremios subrayan que la ausencia de un régimen sancionatorio moderno y proporcional debilitaría el control sobre flujos asociados al contrabando, el lavado de activos y delitos relacionados con el narcotráfico, así como la vigilancia sobre armas, precursores químicos y mercancías sensibles. El proyecto de ley fue construido de manera conjunta entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los principales actores del comercio exterior, buscando modernizar el marco normativo bajo criterios técnicos de proporcionalidad y debido proceso, en línea con las mejores prácticas internacionales en materia de control aduanero y facilitación del comercio.
Para Sectorial, la coyuntura del régimen sancionatorio aduanero ilustra el riesgo estructural que enfrenta Colombia cuando los plazos constitucionales coinciden con calendarios legislativos ajustados. El monto en juego, equivalente a $7,1 billones, representa aproximadamente el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, configurando una exposición fiscal y judicial considerable que trasciende la coyuntura del comercio exterior. La unanimidad alcanzada en primer debate refleja un consenso institucional poco frecuente en el actual contexto político, aunque la falta de citación al segundo debate evidencia las tensiones operativas que enfrenta la agenda legislativa durante un año electoral. Para los actores empresariales, el escenario plantea tres riesgos directos: la incertidumbre sobre procesos en curso, la pérdida de capacidad de respuesta de las autoridades fronterizas y el aumento de la vulnerabilidad frente al contrabando, que históricamente ha afectado sectores sensibles como textiles, calzado, licores y combustibles. La materialización del proyecto de ley constituye, por tanto, una prioridad estratégica para preservar la competitividad exportadora del país, fortalecer el recaudo aduanero y consolidar la lucha contra los delitos económicos transnacionales que erosionan la confianza institucional y la dinámica del comercio formal.
Para conocer en mayor profundidad cómo la coyuntura regulatoria del comercio exterior impacta la cadena logística, la facilitación aduanera y la competitividad exportadora del país, así como las variables financieras, normativas y operativas que condicionan a importadores, exportadores, agencias de aduanas y operadores logísticos, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y los foros sectoriales especializados en comercio exterior y logística. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para empresas, gremios y entidades reguladoras del sector.
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