El marco normativo que regula las consecuencias por faltas en materia aduanera experimentó una transformación de fondo tras la aprobación unánime del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero por parte de las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. La iniciativa legislativa, construida a lo largo de más de un año mediante 39 mesas técnicas con la participación de aproximadamente 35 agremiaciones del sector privado, congresistas de gobierno y oposición, así como funcionarios del ejecutivo, establece un articulado compuesto por 114 disposiciones que redefinen las reglas del comercio exterior colombiano.
Uno de los cambios más significativos radica en la reducción del catálogo de infracciones, el cual pasó de las 358 conductas sancionables contempladas en el régimen anterior a cerca de 235 en la nueva ley, simplificando los procedimientos y eliminando cinco trámites que resultaban especialmente problemáticos para la administración aduanera. El proyecto introduce además una distinción fundamental entre el error involuntario y la conducta dolosa, aspecto que la normativa previa no contemplaba, penalizando de igual forma a quien cometía un yerro de buena fe en sus declaraciones y a quien ejecutaba maniobras deliberadas de defraudación al fisco. Dicha equiparación histórica, según representantes de los principales gremios exportadores, desincentivaba la formalidad comercial y generaba una inseguridad jurídica difícil de sostener para los operadores económicos del territorio nacional.
Según el diario Portafolio, la aprobación del proyecto evitó un escenario de vacío jurídico total que habría dejado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sin la autoridad legal necesaria para controlar las fronteras y combatir el comercio ilícito. En cifras concretas, la entidad informó que estaban en riesgo $190.000 millones en liquidaciones oficiales que habrían quedado sin posibilidad de cobro, $800.000 millones en sanciones que no se habrían podido ejecutar y $211.000 millones en mercancías aprehendidas que la autoridad aduanera se habría visto obligada a devolver. Asimismo, el trámite legislativo blindó jurídicamente la continuidad de 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales, valorados en conjunto en $3,2 billones, los cuales habrían debido archivarse de no contarse con el nuevo marco legal.
El director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, subrayó ante las plenarias que el contrabando en Colombia equivale a cerca de US$8.000 millones anuales, cifra que se traduce en aproximadamente $32 billones, mientras que la evasión del impuesto sobre las ventas a las importaciones y los aranceles no pagados generan un faltante adicional de $8 billones al año. La nueva normativa busca cerrar estas brechas fortaleciendo el control fronterizo, mejorando las herramientas de fiscalización y otorgando mayor proporcionalidad a las sanciones aplicables.
El proyecto pasa ahora a sanción presidencial y posterior publicación en el Diario Oficial, trámite que deberá completarse antes del 20 de junio de 2026 para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-072 de 2025, la cual declaró inexequible el régimen anterior por considerar que las sanciones aduaneras constituyen materia de reserva legal y no podían regularse por decreto.
Entre las innovaciones más relevantes del régimen, la norma introduce mecanismos de corrección voluntaria, exoneración por debida diligencia y graduación de sanciones según la gravedad de la conducta. Bajo el nuevo esquema, un operador que detecte y corrija un error antes de que la DIAN lo notifique no será sancionado, y quien por primera vez en un lapso de tres años incurra en una infracción leve y subsane su situación tampoco enfrentará multa. Del mismo modo, los operadores con garantías globales y los Operadores Económicos Autorizados (OEA) solo deberán pagar la sanción una vez se resuelva la discusión judicial, eliminando la práctica anterior que obligaba a cancelar primero y defenderse después. En materia de decomiso, se fija un plazo único de cinco años para que la autoridad aduanera ejerza dicha acción, brindando certeza a las empresas sobre su exposición temporal. Estos ajustes resultan particularmente oportunos en un contexto donde el déficit de la balanza comercial colombiana alcanzó los US$16.337,3 millones durante el 2025, el más alto de la serie histórica según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo que subraya la necesidad de contar con un marco regulatorio que facilite las operaciones formales de comercio exterior, proteja la industria nacional y reduzca las distorsiones generadas por la competencia desleal del contrabando.
Desde la perspectiva de Sectorial, la aprobación del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero constituye un hito regulatorio con implicaciones directas sobre la competitividad del aparato productivo colombiano. La distinción entre el error y el fraude no solo corrige una falla estructural del sistema anterior, sino que envía una señal positiva al inversionista nacional e internacional que demanda previsibilidad normativa para planificar sus operaciones de largo plazo.
En un entorno donde el déficit comercial superó los US$16.337,3 millones en 2025, la existencia de reglas claras y proporcionales resulta indispensable para que las empresas formales no asuman costos regulatorios desmedidos frente a actores que operan al margen de la legalidad. La reducción del catálogo de infracciones de 358 a 235, sumada a los mecanismos de corrección voluntaria y la eliminación de procedimientos problemáticos, simplifica la carga administrativa para los operadores sin debilitar la capacidad fiscalizadora del Estado. Sin embargo, la efectividad de la norma dependerá en gran medida de la reglamentación técnica que la acompañe, de la capacidad operativa de la DIAN para implementar los nuevos procesos y de la voluntad política para asegurar que el control fronterizo cuente con los recursos humanos y tecnológicos necesarios.
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