En 2016, a través de un referendo, Reino Unido tomó la decisión de salir de la Unión Europea. Desde entonces, el gobierno británico ha buscado la forma de negociar los términos de salida. Una de las razones que conllevó a este punto es el control cada vez mayor que ejercía la Unión Europea (UE) sobre la vida de los británicos. Los impulsores del Brexit también defendían que el hacer parte de la UE implicaba un obstáculo para el desarrollo de Reino Unido, puesto que era más lo que se aportaba que lo que recibía por ser miembro, además de considerar que las regulaciones europeas eran excesivas y perjudiciales para las empresas británicas. Otras de las razones se sustentaban en la necesidad del control de las fronteras y en limitar el número de extranjeros que llegan al país en busca de empleo. (Brexit, un Ejemplo de Islandización de la Economía Global)
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Tras dos años de haber tomado la decisión de desligarse de la Unión Europea, aun no se han definido los términos de salida y hay posiciones encontradas respecto a qué se debe hacer. Por un lado, están los que abogan por una salida consensuada que les permita seguir obteniendo ciertos beneficios, mientras que otros hablan de una salida inmediata, sin firmar acuerdos, ya que consideran que la economía del país es lo suficientemente fuerte y no deben temer las consecuencias, animando a los diferentes sectores a que se preparen para un posible “Brexit duro”, incrementando sus reservas, sobre todo en el sector farmacéutico.
Los que están a favor de una salida progresiva y con acuerdos son quienes abogaron en su momento por permanecer en la UE, y consideran que una salida inmediata generaría una crisis económica en Reino Unido, así como una disminución en la inversión extranjera, dada la incertidumbre que se presentaría en el mercado y las restricciones a las que quedarían expuestos.
Para que esto suceda, es decir, que se de un Brexit ordenado, las partes deberán llegar a un acuerdo y ratificarlo antes del 30 de marzo de 2019, lo cual le permitiría a Reino Unido tener un periodo de transición en el que podrá tomar medidas para mitigar los impactos, puesto que el derecho de la UE dejaría de aplicarse a partir del 2021.
Por otro lado, si no se logra un consenso antes de la fecha, tendrían que aplicar un “Brexit duro”, es decir, una salida sin pactos que dejaría a Reino Unido sin los derechos de la UE a partir del 29 de marzo de 2019. En este escenario, se aplicarían las reglas de la OMC (Organización Mundial del Comercio), se someterían a los controles fronterizos, a los aranceles y los ciudadanos perderían los beneficios de libre movilidad, quedando en la incertidumbre de si pueden residir, estudiar y laborar en otros países miembros, como lo han hecho hasta el momento.
La decisión de salir con acuerdos o no obedece a temas más complejos que la falta de voluntad o simple capricho de algunos políticos. El problema radica en que el 29 de marzo de 2019 se cumple el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el cual consiente que un Estado Miembro de la Unión Europea tenga la potestad de comunicar su retirada del bloque y ambas partes están en la obligación de negociar la salida en un periodo no mayor a dos años. El asunto entonces es de tiempo y se espera que antes de esa fecha hayan logrado acordar los mejores términos de salida, o, si es el caso, que haya una extensión, lo cual les permita concertar y retirarse de una forma ordenada.
