- La falta de una coalición sólida y la fragmentación del Congreso han limitado el avance de las reformas sociales del gobierno.
- La reforma tributaria no fue aprobada, lo que, según el gobierno, ha limitado la capacidad para ejecutar su agenda.
El gobierno enfrenta un panorama incierto respecto a sus prioridades legislativas. Durante los dos primeros años de su mandato, el foco estuvo en las grandes reformas sociales—salud, laboral y pensional—, pero ahora no hay claridad sobre los proyectos que el Ejecutivo busca priorizar. Esta falta de definición ha derivado en un Congreso saturado por múltiples iniciativas que avanzan simultáneamente, lo que ha desgastado las relaciones entre el Gobierno y el Legislativo y ha limitado el progreso de los proyectos clave.
El cierre del primer período de la tercera legislatura en Colombia marca un punto crucial para el Estado. Durante 2024, la fragmentación del congreso limitó los avances en su agenda de reformas. Con 2025 en el horizonte, las presiones electorales y los retos fiscales perfilan un año crítico para el cumplimiento de los objetivos del gobierno.
Uno de los principales logros del gobierno fue la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), liderada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Esta reforma, aunque criticada por su impacto fiscal, busca fortalecer la autonomía de los mandatarios locales y regionales. Además, se avanzó en la Ley de Competencias y Procedimientos de la Jurisdicción Agraria, que busca descentralizar el poder del gobierno central y dotar a las regiones de mayor capacidad de decisión.
Sin embargo, muchas de las reformas sociales del gobierno quedaron inconclusas. La reforma a la salud solo alcanzó el primer debate en noviembre, mientras que la laboral no logró avance en tercer debate. Otras iniciativas, como la Ley de Financiamiento, también quedaron archivadas debido a la falta de apoyo en el Congreso. Este saldo legislativo refleja una menor efectividad del gobierno en comparación con administraciones anteriores con solo un 10% de efectividad en la tercera legislatura, frente al 33% de las dos primeras de acuerdo con la consultora Orza. La falta de una coalición sólida ha sido uno de los mayores retos. Las negociaciones individuales con congresistas y proyectos legislativos demostraron ser insostenibles en un Congreso altamente fragmentado.
El gobierno también debe lidiar con un Congreso centrado en las elecciones de 2026. La fragmentación política y la falta de transparencia en la ejecución presupuestal han erosionado la capacidad para cohesionar con aliados. Además, se espera un remezón ministerial en 2025, con cambios clave en el gabinete debido a las aspiraciones electorales de varios ministros.
Uno de los pilares del gobierno es la reforma agraria, que busca entregar tres millones de hectáreas a familias campesinas como parte de los acuerdos de paz con las extintas Farc. Sin embargo, este objetivo enfrenta serios obstáculos financieros. En octubre de 2024, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que, al ritmo actual, se necesitarían más de 3.984 años para cumplir con la meta de adjudicación de tierras.
En junio, el Congreso aprobó la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, mientras que las comisiones primeras conjuntas avanzaron en el primer debate del proyecto de ley ordinaria que define competencias y procedimientos para esta jurisdicción especializada. El avance busca fortalecer la resolución de conflictos agrarios mediante un acuerdo consensuado entre el Gobierno, el Congreso y otros actores clave. No obstante, persisten desafíos relacionados con la armonización de estos procesos con los intereses ambientales, un aspecto crucial para garantizar su implementación efectiva.
El 2025 estará marcado por la discusión de leyes clave, como la Ley de Competencias, que será crucial para consolidar la reforma al SGP. Además, las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 influirán directamente en la dinámica política del Congreso, haciendo más difícil la aprobación de nuevas reformas.
El gobierno también enfrentará el desafío de recuperar su popularidad, que se encuentra en el 30%, y de fortalecer su relación con los líderes regionales. La descentralización será un tema clave en las elecciones territoriales de 2027, por lo que el gobierno deberá trabajar para consolidar alianzas en las regiones.
El cierre de 2024 deja un panorama complejo para el gobierno. Aunque se lograron avances importantes, como la reforma al SGP, la fragmentación política y los retos fiscales han limitado el cumplimiento de su agenda de reformas. En 2025, el gobierno deberá enfrentar un Congreso centrado en las elecciones de 2026, un panorama fiscal restrictivo y la necesidad de consolidar alianzas regionales. La reforma agraria, como uno de los compromisos más importantes del gobierno, simboliza los desafíos estructurales que enfrenta Gustavo Petro.