La inteligencia artificial (IA) se define como la capacidad de crear máquinas inteligentes que mediante una serie de datos puedan relacionar la información y actuar de manera similar a una persona humana. El uso de tecnología ha permitido el desarrollo económico, cultural, educativo y social, mediante la interconexión y el manejo de información, que ha llevado a un aumento acelerado en su uso. La ONU ha advertido sobre los riesgos que puede tener el uso no regulado de la IA frente a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de circulación y la intimidad. La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha propuesto a los Estados y a las empresas tomar medidas para garantizar los derechos fundamentales, en el uso de la inteligencia artificial y la penalización o prohibición en el caso contrario.
Según la Comisión Europea, la Inteligencia Artificial (IA) es aplicada a sistemas que tienen la capacidad de analizar un entorno y actuar de acuerdo con él. El término de inteligencia proviene del latín “inteligere”, que hace referencia a la capacidad de comprender la relación entre los hechos y las cosas, por lo que la IA inicialmente estaba enfocada en que una máquina pudiera simular la inteligencia humana.
Si bien la era digital ha traído beneficios para el desarrollo económico, social y cultural, como en el caso del sector textil; el aumento acelerado en el uso de tecnologías y medios de inteligencia artificial, en un contexto de no regulación, llega a poner en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Así lo ha advertido la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en un informe de septiembre del 2021 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”, ha advertido sobre la vulneración a derechos como la libertad de pensamiento y opinión, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de reunión y socialización, la libertad de culto religioso, entre otros, que se han visto afectados por injerencias arbitrarias que facilita el uso masivo de datos. Uno de los casos se presenta con las tecnologías de reconocimiento biométrico, las cuales permiten la identificación de las personas en tiempo real y a distancia, mediante la representación digital del rostro, el iris, la voz, la forma de caminar, la huella dactilar, entre otro tipo de información única que hace parte de la intimidad de la persona. Dicho reconocimiento hace posible el conocimiento de todos los desplazamientos del individuo, así como el control en el acceso a servicios de salud, educación, entretenimiento, cultura, religión y publicación de contenidos. Elon Musk, fundador de Tesla, y otros expertos, en 2017 pidieron a la ONU la prohibición de robots de guerra y el uso de máquinas autónomas de conflicto bélico, que podrían ser fácilmente dirigidas y difícilmente asociadas a un propietario o creador. (Panorama de la Población de Robots en el Mundo).
Además, en materia económica, la ONU alertó en 2019 sobre la concentración de la riqueza digital en manos de pocas plataformas, radicadas en EE. UU. y China, que representan más del 75% del mercado de la computación y al menos el 90% en la capitalización del mercado de las 70 plataformas digitales más grandes del mundo, las cuales, al momento presente, no se encuentran cobijadas por un sistema de regulación, como el caso de las criptomonedas, los NFT y el metaverso.
Frente a lo anterior, Bachelet propone a los estados tomar medidas para garantizar que el uso de la inteligencia artificial cumpla con todos los derechos humanos y prohibir cualquier tipo de aplicaciones de inteligencia artificial que viole el derecho internacional de los derechos humanos.
En palabras de la comisionada: “La inteligencia artificial puede ser una fuerza para el bien, que ayude a las sociedades a superar algunos de los mayores retos de nuestro tiempo. Pero (…) también puede tener efectos nocivos e incluso catastróficos, cuando se emplea sin prestar la debida atención a su capacidad de vulnerar los derechos humanos”.
