Recientemente el presidente Iván Duque sancionó la Ley de Gestión y Transparencia del Uso de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, o más conocida como la Ley de Punto Final, la cual tiene como principal objetivo sanear las diferencias y deudas históricas que existen entre los agentes del sector salud.
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Los actores de la cadena del sector salud son: EPS, IPS públicas y privadas, operadores logísticos, empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos, de gases medicinales, entre otros. Las EPS (Entidades Prestadoras de Salud) son las aseguradoras del sistema como Sura, Medimás, Nueva EPS, son algunas de ellas; las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) son como bien lo expresa su nombre, donde los usuarios reciben la atención médica, como clínicas y hospitales, ya sea públicos o privados; los operadores logísticos son quienes se encargan de comprar centralizadamente los medicamentos, insumos médicos, a las compañías productoras y lo venden a las IPS y EPS y al final de la cadena están las empresas privadas quienes producen los medicamentos, dispositivos e insumos médicos, entre otros.
En este sentido es fundamental entender cómo es el flujo de recursos en el sistema de salud colombiano:
Hoy, las deudas del sector salud se estiman están entre los 5 y los 10 billones de pesos. Estas deudas provienen específicamente de todos los servicios y medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, antes POS, y que el gobierno le debe cancelar al sistema. Esta deuda no solo continuará creciendo de no tener un plan de acción, sino que primero se debe esclarecer cuál es la deuda real, segundo, de dónde sacará el gobierno los recursos para dejar en cero esta deuda y tercero, qué se va a hacer para que no se vuelva a acumular una deuda de estas dimensiones.
Uno de los puntos más importantes para sanear esta problemática es la Ley de Punto Final. Como primera etapa se deben identificar y valorar las posibles deudas del gobierno nacional y los departamentos con las EPS e IPS; para esto se crearán mesas de concertación donde el gobierno entrará a negociar con cada uno. Como medida de prevención será obligatorio generar una facturación 100% electrónica y la unificación de los sistemas de información de gestión financiera y asistencial para la publicación de información esencial para la rendición de cuentas de los agentes del sector.
También se actualizará el Plan de Beneficios en Salud buscando disminuir las exclusiones de medicamentos, procedimientos y servicios que no hay prueba de su eficacia y seguridad y por lo tanto no se deben comprometer los recursos públicos. La política lanzada por el exministro de salud, Alejandro Gaviria, de regular los precios de los medicamentos continuará y se realizarán las compras centralizadas de medicamentos.
Dentro de la ley se establece también el deber de fijar valores máximos de recobro para que no hayan distorsiones en los valores que se pagan hoy por un mismo medicamento o tecnología. Estos recobros que no están dentro del PBS serán girados directamente por el gobierno y ya no intervendrán los entes territoriales.
¿Y de dónde saldrán los recursos?
El Ministerio de Hacienda recurrirá a la emisión de deuda pública y todos los instrumentos de financiación que tiene a su disposición para solventar el sistema. Hoy, la disposición del gobierno a pagar son 7 billones de pesos.
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