La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) reveló que en Colombia se demandan en promedio materiales por $34 billones al año. Incluso, destacó que en seis años las solicitudes de insumos crecieron 67%, ubicándose el cemento a la cabeza de los pedidos de las firmas edificadoras, ya sea a granel o empacado.
Fuente: DANE
El desarrollo cementero también se ha visto interrumpido por cuenta de las importaciones que entran al país provenientes del sur de Europa, el Mediterráneo, Grecia, Turquía, excedentes de China y Vietnam, e incluso del Medio Oriente. Dicha mercancía ingresa al país a granel, sin empaque, sin restricciones, con cero aranceles y con precio de venta que solo recupera los costos fijos.
Dicha producción llega por los principales puertos del país: Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. Aunque la falta de control ha sido denunciada con antelación, a la fecha no se han tomado medidas al respecto, y por el contrario la apertura comercial de Colombia sigue permitiendo su ingreso, lo que desde un punto de vista es positivo, pero por otro perverso y riesgoso para las compañías nacionales.
Debido al contrabando, los países en Latinoamérica tienen grandes limitantes en el mercado. Solo en último año, Colombia tuvo pérdidas de US$6.000 millones de dólares. Las actividades que más se ven afectados por culpa del comercio ilegal son: cemento, siderúrgica, metalmecánica, acero, cigarrillos, licores, combustibles, calzado, textil y confecciones.
Según los ejecutivos Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos, y Víctor Pavón Villamayor, presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics, quienes estudian la coyuntura, son varios los factores de riesgo asociados a la importación desmedida de cemento. Por un lado, está lo ambiental, dado que el manejo del producto, la preservación de su calidad y los cuidados medioambientales difieren entre los productores locales y los importados. Por otro, se encuentra el caso de la competencia: mantener los altos estándares de producción, calidad y cuidados ambientales generan costos adicionales, los cuales se deben incluir en el precio final. Luego, la competencia como tal no es el problema, pero si las reglas con las que participa cada competidor.
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