El hacinamiento en las cárceles del país deja entrever los problemas que presenta el diseño del sistema penitenciario colombiano, un modelo que no está funcionando para sus fines, entre ellos la resocialización de los presos y que además demanda muchas más necesidades. ¿Por qué no funciona?
www.sxc.hu Autor: 4seasons
El sistema carcelario colombiano funciona hace 100 años, desde 1914 cuando en el país había cerca de 5 millones de habitantes y menos de 5 mil presos. Hoy con cerca de 45 millones de colombianos y más de 144 mil presos, este sistema está a punto de colapsar.
Pese a que varios esfuerzos se han hecho para poner en buen funcionamiento a las cárceles de Colombia, durante estos 100 años no se han logrado grandes avances. A las quejas por hacinamiento se le suma la situación en las URI (Unidad de Reacción de Inmediata), que han llegado al punto de invadir espacio público como parques por la cantidad de personas por procesar.
Los datos que arrojan las numerosas investigaciones en torno a esta problemática son alarmantes y son atribuidos al diseño de la política criminal, al déficit financiero y a la inoperancia en los procesos de resocialización. Los constantes atropellos de los derechos humanos a los reclusos se hacen evidentes en la crisis.
Según la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento en las cárceles colombianas es del 53%, una cifra que parece ser lejana de la realidad. De los 138 penales que tienen una capacidad para 76.553 presos, para junio del año pasado había una ocupación de 117.018. Y es que además de los reos colombianos, hay una gran cantidad de prisioneros provenientes de países vecinos, vinculados por delitos del narcotráfico, el 33% son venezolanos y la mayoría son mujeres. También hay reclusos de Kenia, Hong Kong y Eritrea (África).
Una de las propuestas que se presentó para dar solución al sistema penitenciario es la eliminación del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia) para abrir paso a la creación de un nuevo organismo para vigilar las cárceles del país, por los problemas de corrupción que se han presentado con. A través del ministro de Justicia, Yesid Reyes, el Gobierno afirmó que está dispuesto a estudiar la posibilidad presentada por el partido de la U. Además, el ministro señaló que se necesitan $850.000 millones para ampliar 15.000 cupos en cárceles.
El Gobierno y los colombianos en general son conscientes de que el sistema que ha estado rigiendo desde hace 100 años solicita cambios urgentes para que además de cumplir con la tarea de resocializar a los presos, cumpla con hacer justicia, pues muchos delincuentes son dejados en la calle sin ser procesados o beneficiados con casa por cárcel por el desorden que se presentan en las URI y las prisiones.
Por otro lado varias propuestas se han analizado, entre ellas la pena de muerte en algunos casos, denominados crímenes atroces. La propuesta fue expuesta por el general de la Policía, Rodolfo Palomino, quien pidió que se abriera el debate, tras la detención de los responsables del asesinado de los cuatro niños en el Caquetá. “En estas circunstancias bien vale la pena revivir ese debate: si vale o no considerar la pena de muerte para quienes incurran en delitos atroces, especialmente a los que tienen víctimas a menores de edad”, sostuvo el general.
La polémica propuesta ha sido analizada en varias ocasiones sin que se apruebe, pues hay temas propios de los derechos humanos que entran en discusión. Sin embargo, el tema sigue presente en muchos de los proyectos que se presentan para aliviar el sistema carcelario colombiano.
Por otro lado, varias opiniones se han alzado entre los colombianos, quienes piden que el sistema penitenciario entre a ser productivo, es decir, que los reos trabajen para que contribuyan a la economía del país, sin que sigan siendo un costo más para el Estado, propuestas que podrían ser viables solo si se solucionan los problemas de hacinamiento.
