Diciembre 15- La propuesta de hacer más flexibles los permisos ambientales para grandes proyectos petroleros, mineros y de infraestructura; ha levantado una enorme polémica nacional.
Foto: www.sxc.hu Autor: lusi
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, firmó la modificación del decreto 2820 sobre el licenciamiento ambiental, que según el funcionario, agilizará y optimizará la expedición de permisos de exploración y explotación a mineras y empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos. Según esta cartera, el cambio de la regulación mejora la calidad de los estudios de impacto ambiental que entregan los solicitantes, rechazándolos en los primeros 20 días, si no cuentan con unos criterios mínimos de calidad.
Vallejo explicó que si bien actualmente el decreto establece la expedición o negación de la licencia en 4.5 meses, en 2012 y 2013 la autoridad llegó a duplicar y triplicar estos tiempos, de ahí la necesidad de hacer ajustes normativos y comenzar la reestructuración de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
El nuevo decreto anula la práctica de la entrega de información “a cuenta gotas” a lo largo del proceso de licenciamiento, lo cual afectaba los tiempos de respuesta y el trabajo del evaluador. Además la expedición de la licencia incorpora visitas al campo durante la evaluación.
Los solicitantes sólo podrán entregar información adicional una sola vez a través de una reunión donde se le explique que datos requiere y se le aclaren las dudas que pueda tener sobre su proyecto de licenciamiento. Al final los compromisos quedan incorporados en un acta. Los trámites de expedición de la licencia se mantendrán en 90 días y 60 para la modificación de una actual.
A pesar de que el jefe de la cartera ambiental ha sostenido que la propuesta para reducir los tiempos de las licencias ambientales no va a sacrificar su rigurosidad, muchos ambientalistas han encendido las alarmas. El gobierno piensa reestructurar dos puntos fundamentales en ese trámite, que en la práctica es el último visto bueno para que un proyecto minero, petrolero o de infraestructura pueda hacerse. Hoy en día una licencia ambiental se demora cerca de 24 meses en ser expedida lo que para muchos tiene frenados varios proyectos de desarrollo. Lo primero que busca el gobierno es reducir a 3,5 meses el tiempo de expedición de las licencias y lo segundo volver el proceso oral.
La principal crítica a las llamadas licencias exprés, entre quienes están molestos, es precisamente que sean ‘exprés’. Para muchos ambientalistas este tiempo no alcanza para hacer un estudio serio de los impactos que pueda tener un gran proyecto. El senador Jorge Enrique Robledo aseguró en una dura carta al gobierno que “las licencias ambientales no existen para estorbarles a las empresas que hacen las cosas bien, sino para protegernos de las que lo hacen mal”.
Por el contrario, los gremios, los empresarios y muchos sectores del gobierno, consideran que la medida es muy positiva debido a los excesivos tiempos que se toma la Autoridad de Licencias Ambientales en darle respuesta a sus solicitudes. Los petroleros aseguran que por esto no han llegado a la meta del millón de barriles. El gremio de la infraestructura dice algo similar respecto a las carreteras y considera que sin esta reforma obras esenciales serían inviables.
La modificación del decreto 2820 ha generado una enorme polémica, ha sido duramente criticada porque el hecho de agilizar el trámite de las licencias, significaría ampliar los conflictos a un proceso que requiere de análisis y decisiones trascendentales.