Colombia no enfrenta hoy una crisis económica clásica: no hay hiperinflación, colapso financiero ni default inminente. Los indicadores macroeconómicos aún reflejan estabilidad relativa. Sin embargo, bajo esa superficie, el país atraviesa un cambio estructural silencioso en su modelo económico. En los últimos años, el Estado ha asumido un rol cada vez más activo como motor del crecimiento, con mayor gasto público, más regulación y una intervención directa más fuerte en sectores estratégicos. Este giro no ha sido declarado oficialmente, pero se manifiesta en decisiones acumuladas de política pública, en el discurso gubernamental y en nuevas prioridades fiscales. Al mismo tiempo, la inversión privada pierde dinamismo, la productividad permanece estancada y el crecimiento potencial de la economía se desacelera, configurando un escenario de menor expansión estructural.
El problema no es ideológico, sino económico. Un Estado más grande no garantiza automáticamente más crecimiento, especialmente cuando el gasto público se expande más rápido que la capacidad productiva del país. La inversión privada —principal motor de productividad, innovación y empleo formal— se ha debilitado por mayores costos, incertidumbre regulatoria y menor rentabilidad esperada. El Estado ha intentado compensar ese vacío con gasto público, pero enfrenta límites fiscales, problemas de eficiencia y un déficit creciente financiado con deuda en un entorno de tasas altas. El resultado no es una crisis abierta, sino un riesgo más complejo: un estancamiento prolongado. Colombia no explota, pero empieza a crecer menos; y cuando una economía deja de crecer de forma sostenida, las tensiones sociales y fiscales no desaparecen, solo se postergan.
