El gobierno al ver inviable el trámite democrático de su reforma a la salud a través del congreso, decidió expedirla vía decreto. La nueva normatividad tiene varias dificultades para que se pueda ejecutar, entre ellas, que cuenta con 17 asuntos que debe reglamentar entre 3, 6 y 12 meses. ¿En ese tiempo se logrará la asimilación del conocimiento por parte de los entes territoriales y los actores del sistema?.
Ahora, en derecho las cosas se deshacen como se hacen, por lo que el decreto no puede eliminar los elementos que fueron creados por la ley 100, por lo que es inconstitucional. De esta forma, el rol de la Corte Constitucional será clave para mantener el derecho a la salud de los colombianos.
Al final, vas a seguir encontrando desorden en la atención en salud y todos esperando que el derecho se restablezca en el próximo gobierno, donde las pistas de los candidatos, asociadas a sus propuestas, van desde la continuidad hasta crear una comisión de expertos independientes debe definir la UPC.
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