En 2025, la producción nacional de arroz se contrajo un 7,8 %, situándose en 3,2 millones de toneladas, como respuesta a una reducción del 10,6 % en el área sembrada generada por la crisis de rentabilidad del ciclo previo. El mercado actual está definido por una agresiva intervención estatal mediante las Resoluciones 000042 y 000043 del 2026 emitidas por el Ministerio de Agricultura, que imponen un Régimen de Libertad Regulada con precios base de hasta $1,48 millones por tonelada y apoyos directos a la comercialización por $23.590 millones. A pesar de los riesgos climáticos que amenazan a Córdoba y La Mojana (en el norte del país), la competitividad se refugia en regiones como el Huila, con rendimientos de 7,4 t/ha.
La viabilidad del sector a corto plazo depende de la evacuación de excedentes internos bajo un blindaje arancelario del 50,0 % a Ecuador y el aprovechamiento de los $16,0 billones en crédito para tecnificación, esenciales ante la inminente liberación total del Tratado de Libre Comercio en 2030.
El sector arrocero colombiano representa aproximadamente el 4,5% de la producción agrícola nacional y genera empleo directo para más de 85.000 personas. Los principales departamentos productores —Tolima, Huila, Córdoba y Casanare— enfrentan presiones estructurales por mecanización insuficiente y costos de insumos elevados. Las cooperativas y medianos productores, que concentran el 60% de la producción, resultan especialmente vulnerables ante volatilidad de precios internacionales y competencia de proveedores vecinos con economías de escala superiores.
Para las empresas arroceras, el panorama 2026 exige decisiones estratégicas inmediatas: aquellas sin acceso a tecnificación crediticia enfrentarán márgenes comprimidos, mientras que productores capitalizados pueden aprovechar la brecha tecnológica regional. La eventual desgravación del TLC 2030 presiona inversiones en productividad y diferenciación. El blindaje arancelario temporal actúa como amortiguador, pero su efectividad depende de la evacuación acelerada de inventarios y de políticas de estabilización post-2026.
