La crisis internacional de productos energéticos abre la posibilidad de que Venezuela se integre nuevamente al comercio internacional. Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera y una historia vinculada desde hace siglos. La ruptura de las relaciones comerciales conllevó a que en los últimos años su frontera ha estado parcialmente cerrada y ha sido foco de conflictos y escaladas de tensiones. El comercio se ha visto drásticamente afectado: en 2008 el intercambio llegaba a unos US$7.200 millones, en 2015 había retrocedido a cerca de US$1.331 millones y en 2020 era de apenas US$221 millones.
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La situación actual del comercio internacional es compleja, luego de la pandemia, la demanda por bienes y servicios creció de tal forma que dejó bastante rezagada la oferta lo que originó presiones inflacionarias alrededor del mundo. Posteriormente, con el conflicto entre Rusia y Ucrania se empeoró el panorama, ya que Europa presenta una relativa dependencia del gas ruso, aproximadamente el 40% de la demanda del continente proviene de Rusia a través de gasoductos que cruzan por Ucrania. Por lo anterior, diversos países están tomando medidas para abastecer diversos suministros de origen ruso, por ejemplo, Estados Unidos renovó hasta noviembre una licencia restringida de la compañía Chevron para operar en Venezuela. La posibilidad de que el crudo venezolano regresara a Estados Unidos, que alguna vez fue su mercado individual más grande, también fue discutida por funcionarios estadounidenses y venezolanos en una reunión en Caracas en marzo. Lo anterior abre la posibilidad para que Venezuela se integre nuevamente al comercio internacional.
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En muchas ocasiones las sanciones económicas resultan caras e ineficientes, especialmente cuando sus objetivos son demasiado ambiciosos. Es evidente que las sanciones no pueden forzar la liberación de un territorio tan fácilmente como la liberación de un prisionero. Cuando se diseñan sanciones económicas se debe tener presente que el objetivo no es castigar a la población civil, esperando que la ciudadanía presione al gobierno a cumplir lo demandado, la sanciones deben focalizarse hacia las clases dirigentes con el fin de no correr el riesgo del fenómeno llamado “agrupación en torno a la bandera” que básicamente es un aumento del apoyo popular al gobierno sancionado, dado que este puede culpar al emisor de la sanción de su situación económica.
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Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera, además, una historia vinculada desde hace siglos. La ruptura de las relaciones comerciales implicó que en los últimos años esa frontera ha estado parcialmente cerrada y ha sido foco de conflictos y tensiones sociales. El comercio se ha visto drásticamente afectado: en 2008 el intercambio llegaba a unos US$ 7.200 millones, en 2015 había retrocedido a cerca de US$ 1.331 millones y en 2020 era de apenas US$ 221 millones. La extensa frontera, por donde han pasado personas y mercancías desde hace siglos, fue cerrada en 2015 por el gobierno de Venezuela tras un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad venezolanas y civiles, que el presidente Nicolás Maduro atribuyó al “paramilitarismo” en Colombia y por el cual culpó al expresidente colombiano Álvaro Uribe, que negó las acusaciones.
Desde una óptica puramente económica, la situación de las relaciones entre Colombia y Venezuela afecta la eficiencia, porque solo disminuye la capacidad de consumo entre los individuos e incentiva a incurrir en el sector informal; además, de estropear las relaciones culturales en dos países con un vínculo social extenso. En un hipotético caso de restablecer las relaciones con el vecino país, se podría mejorar la situación de los comerciantes, ya que así se amplían las posibilidades de consumo de los habitantes.
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