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Tercera legislatura para el gobierno de Gustavo Petro, reformas pendientes y nuevos proyectos en la agenda

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  • Comienza la tercera legislatura con un enfoque en la aprobación de reformas clave, como la de salud y la Ley de Servicios Públicos.
  • El gobierno apuesta por el consenso para lograr avances en reformas críticas durante la nueva legislatura.

El 20 de julio de 2024 marcó el inicio de la tercera legislatura del Congreso de Colombia, un periodo que se presenta con un balance agridulce para el gobierno de Gustavo Petro. Mientras que reformas clave como la de salud y educación no lograron avanzar en el periodo anterior, el gobierno ha conseguido aprobar la reforma pensional y está decidido a presentar un ambicioso paquete legislativo en esta nueva etapa. La oportunidad para implementar cambios significativos está sobre la mesa, y el éxito dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar y llegar a consensos con las distintas bancadas del Congreso.

Uno de los proyectos más esperados es la reforma a la salud. Después del fracaso de la propuesta anterior en abril de 2024, el gobierno ha rediseñado el enfoque. La iniciativa busca transformar las EPS en gestoras de salud que prioricen la atención primaria y la integración de servicios. A pesar de que la reforma ha sido ajustada significativamente desde su versión anterior, el debate será intenso y se centrará en encontrar un equilibrio entre las necesidades del sistema y los intereses de los diferentes actores involucrados.

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La reforma a la Ley 142 de 1994 es otra pieza clave en el paquete legislativo. Este proyecto tiene como objetivo ajustar la regulación de los servicios públicos, incluyendo cambios en la conformación de las comisiones de regulación y en la metodología para el ajuste de tarifas. La reforma pretende mejorar la eficiencia del sector y garantizar un acceso más equitativo a los servicios esenciales. Sin embargo, dado el impacto directo en las tarifas que afectan a millones de colombianos, se anticipan controversias entre los diferentes actores políticos y sociales.

El gobierno también propone una reforma al código minero que busca priorizar a los pequeños mineros sobre las grandes multinacionales. Este proyecto está enmarcado en un esfuerzo por promover una minería más sostenible y justa, alineada con la transición energética y la reindustrialización nacional. La nueva legislación pretende apoyar a los pequeños mineros tradicionales, quienes históricamente han sido desfavorecidos frente a las grandes corporaciones. El desafío será encontrar un equilibrio que fomente el desarrollo de la pequeña minería sin desincentivar la inversión en el sector minero en general.

En un esfuerzo por impulsar el crecimiento económico, el gobierno presentará un proyecto para optimizar las inversiones destinadas a la transformación económica. La iniciativa busca mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y garantizar que las inversiones contribuyan de manera efectiva al desarrollo económico del país. La optimización de inversiones es clave para enfrentar desafíos estructurales y promover un crecimiento sostenido y equitativo.

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La reforma al sistema penal acusatorio está orientada a mejorar la administración de justicia en Colombia. Los ajustes propuestos buscan hacer el sistema más eficiente y garantizar una mejor protección de los derechos de las partes involucradas. Este proyecto se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de reformas con la preservación de los principios fundamentales del sistema penal.

El acto legislativo para promover la autonomía territorial es otro aspecto crucial del paquete legislativo. Este proyecto pretende descentralizar la administración y otorgar mayor autonomía a las regiones. La autonomía territorial busca fomentar un desarrollo más equilibrado, permitiendo a las regiones gestionar sus recursos y asuntos locales de manera más efectiva. Este proyecto requerirá una estrecha colaboración entre el gobierno central y las autoridades regionales para asegurar su implementación exitosa.

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La reforma laboral, que ha sido aprobada en la Cámara de Representantes, se encuentra ahora a la espera de debate en el Senado. Este proyecto incluye cambios significativos en la jornada y en los contratos de trabajo, con el objetivo de modernizar el mercado laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores. La discusión se centrará en cómo estos cambios impactarán tanto a los empleados como a los empleadores, y en encontrar un equilibrio que promueva la justicia laboral sin desincentivar la contratación.

Además de los proyectos mencionados, se espera la presentación de una nueva reforma tributaria, que buscará reducir el impuesto de renta a las empresas y aumentar los tributos para personas naturales con mayores ingresos. También se abordarán otros proyectos como la reforma al sistema de vigencias futuras, la reforma tributaria, la flexibilización de la regla fiscal y la reforma del Sistema General de Participaciones.

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