El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar por decreto un salario mínimo de $2.000.000 para el año 2026 representa un incremento del 23,5 % que, lejos de ser una solución social, amenaza con consolidar una trampa de pobreza estructural en el país. Aunque los efectos en la inflación y las tasas de interés ya son evidentes, el fondo del problema radica en una desconexión con la realidad: mientras las ventas de las empresas crecen a un ritmo del 8%, se les impone una carga laboral que triplica ese desempeño. Este desajuste obliga de inmediato a un recorte drástico de costos que se traduce en despidos masivos o en la migración hacia contratos de prestación de servicios, alimentando las ya críticas cifras de informalidad.
La estabilidad del tejido empresarial y financiero también queda en entredicho ante la necesidad de proteger la caja operativa. Para sobrevivir al alza, las compañías estarían aumentando su apalancamiento con proveedores y extendiendo los plazos de sus carteras, lo que ralentiza el flujo de efectivo en toda la cadena productiva. La situación no solo dispara los índices de mora en el sistema bancario, poniendo en riesgo la estabilidad del sector financiero, sino que anula cualquier posibilidad de repartir dividendos. Al dejar de ser un mercado rentable para los accionistas, Colombia pierde el atractivo necesario para captar inversión, quedando atrapada en un ciclo de descapitalización.
Finalmente, el daño más profundo se observa en la productividad nacional debido al sacrificio del CAPEX (inversiones de capital). Al priorizar el pago de una nómina desproporcionada, las empresas carecen de recursos para invertir en tecnología y modernización, lo que condena a Colombia a mantenerse como un país improductivo. Sin inversión tecnológica, las empresas no pueden escalar, y sin dividendos ni crecimiento, el mercado se estanca. Así, el decreto que buscaba mejorar la calidad de vida termina por destruir los incentivos de inversión y desarrollo, convirtiendo el incremento salarial en una condena de pobreza de largo plazo para la economía nacional.
