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El Senado avanza en reforma al estatuto del consumidor para fortalecer la protección y supervisión

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El Congreso de la República avanza en la modernización del Estatuto del Consumidor con la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley 173 de 2024, el cual busca modificar la Ley 1480 de 2011. La iniciativa tiene como propósito fortalecer la protección de los consumidores en Colombia, tanto en el comercio tradicional como en las transacciones digitales, garantizando un equilibrio en la relación entre proveedores y compradores.

Según la ponencia presentada por el senador Efraín José Cepeda Sarabia, el proyecto de ley incorpora medidas para mejorar la supervisión de los derechos del consumidor, promoviendo una mayor equidad territorial en la aplicación de la normativa. Entre las modificaciones clave se encuentra la posibilidad de que los municipios conserven un porcentaje de las multas impuestas a infractores, incentivando así un mayor control y vigilancia sobre las prácticas comerciales dentro de sus jurisdicciones.

El documento señala que los municipios podrán retener las sanciones impuestas siempre que estas no superen los 300 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). En caso de que la multa supere este umbral, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) asumirá de inmediato la competencia sobre el proceso sancionatorio​.

Este proyecto de ley también contempla la implementación de nuevas estrategias de educación al consumidor y la actualización de mecanismos de reclamación, facilitando así el acceso a información clara y eficiente para los ciudadanos. Además, se fortalecerán los canales de denuncia y supervisión, permitiendo una mayor efectividad en la respuesta a posibles vulneraciones de derechos.

La reforma del Estatuto del Consumidor es vista como un paso fundamental para garantizar que los consumidores colombianos cuenten con mayores garantías y herramientas de protección ante posibles abusos en el mercado. La modernización de esta normativa responde a la evolución del comercio y busca asegurar un marco legal más robusto y actualizado para la defensa de los derechos de los consumidores en el país.

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