Ocho años después, La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó que el programa de EPM, que otorgaba crédito para electrodomésticos y equipos, no forma parte de su propósito como empresa de servicios públicos e invalidó el programa; el proceso legal se finiquitó después de 14 años. El programa de crédito dio inicio cuando EPM emitió el decreto núm. 1692 en 2008 para introducir el llamado “Programa de financiación social”, tal programa ha ido en aumento desde entonces y, hasta ahora, EPM provee financiación para acceder a equipos de gas, celulares, tecnología, hardware de cómputo, bicicletas, motos, soluciones solares integradas y una serie de equipos electrodomésticos.
El 21 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia declarando la nulidad de dicho acto administrativo, que se vio inmerso en diferentes procesos judiciales desde 2009; procesos que fueron desde señalamientos a la empresa de expandir sus actividades más allá de aquellas que le competen, hasta apelaciones de EPM que dilataron el proceso judicial. Al día de hoy, el alto tribunal ratificó que el programa de crédito ofrecido por EPM se encuentra fuera del objeto social de la compañía.
