En un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha dado un concepto favorable para la intervención de la empresa Air-e. Camacho destacó que garantizar la prestación del servicio de energía es una prioridad para el gobierno y que no se permitirá que el mercado siga afectando los derechos de los ciudadanos.
La empresa Air-e, encargada del suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, enfrenta una grave crisis financiera, con una deuda de 1,7 billones de pesos y un déficit de 1,8 billones por el no pago de servicios y subsidios. Según su asesor jurídico, Jaime Lombana, la compañía solo podría operar entre cuatro y cinco días más sin una intervención estatal, describiendo la situación como una “crónica de una crisis financiera anunciada”.
El alza en el costo de la energía, que pasó de 120 a 720 pesos por kilovatio hora, ha agravado la situación, generando tensiones en las calles con protestas de usuarios que enfrentan tarifas cada vez más altas.
Air-e ha mantenido conversaciones con el gobierno para buscar una salida viable, pero la presión de los altos costos de generación y la volatilidad del mercado energético dificultan la operación de la empresa. De no resolverse la crisis, la costa Caribe, una región que ya sufre problemas históricos con el suministro de energía, podría enfrentar un escenario aún más complejo que afectaría profundamente la estabilidad social en la región.
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