Las expectativas positivas del sector, jalonadas a partir de los niveles de producción del año anterior, parecen estar quedando atrás. Las múltiples limitantes que aquejan a la actividad ganan terreno día a día y han conducido a que empresas mineras en el país se vean en la obligación de detener sus proyectos. La inseguridad jurídica, en conjunto con la reciente coyuntura surgida a partir de las consultas mineras, han conllevado a que Colombia pierda escalones en su competitividad internacional en el sector, situación desalentadora si se considera que el nivel de precios de los minerales presentaba un escenario de recuperación inmediato y con buenas perspectivas de crecimiento. Bajo este contexto, el buen desempeño productivo y exportador de la actividad han sido relegados.
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El panorama instaurado a partir de la recuperación productiva que dejó el 2016 se ensombrece cada vez más a razón de la inseguridad jurídica que aqueja el sector, en especial con el reciente incremento de las consultas mineras, sufragios regionales que ya han obligado a importantes compañías a abandonar las inversiones realizadas para la explotación de yacimientos de minerales en territorio nacional.
El comportamiento positivo de la demanda y precios de los commodities impulsó la actividad productiva del sector durante el año anterior, logrando que en casos como el del oro se alcanzaran niveles productivos no logrados desde el 2013. Bajo este contexto internacional, el plan de formalización minera impulsado por el gobierno nacional fue protagonista en la totalidad de minerales producidos y exportados.
Sin embargo, tras iniciar el año, el tema de recuperación productiva pasó a segundo plano, siendo la coyuntura jurídica y social la protagonista actual del sector. La posibilidad de que los ciudadanos decidan a través de las urnas de votación la realización de proyectos mineros no ha arrojado los mejores resultados para las empresas. El punto de quiebre de esta situación se experimentó con el caso de Cajamarca, municipio del Tolima, en el cual sus habitantes votaron a favor de detener el proyecto aurífero de La Colosa, perteneciente a la empresa AngloGold.
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Estas consultas han generado un alto índice de desconfianza para la inversión, pues, de acuerdo con Ángel Urdinola, los empresarios tienen dudas sobre sus alcances y efectos. A su vez, afirma que desde el 2010 se han presentado 53 sentencias de la Corte Constitucional que tienen efectos en el sector minero. De estas, 26 han sido por constitucionalidad y en al menos 13 la norma minera fue declarada inexequible. De igual manera, el 90% de las tutelas se resolvieron en contra del sector e impusieron obligaciones adicionales, en varios casos de forma retroactiva.
Tras la problemática despertada a partir de la realización de consultas mineras en el país, el Ministerio de Minas y Energía expresó que no hay ningún riesgo sobre los niveles de producción actuales, ya que las decisiones tomadas por la ciudadanía recaen sobre proyectos que se encuentran en etapa de exploración o solicitando su licencia ambiental. Sin embargo, según la ACM, si está en juego la inversión en minería que se pretendía incrementara este año con la recuperación de los precios de los commodities.
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