De acuerdo con el Diario Portafolio, el lunes pasado, la Corte Constitucional rechazó la solicitud del Ministerio de Hacienda de considerar el impacto fiscal, luego de que la Corte Suprema declarara que el impuesto sobre las regalías no cumplía con los estándares de equilibrio tributario.
Hubo debate sobre la decisión de la Corte debido a los argumentos presentados por el Ministerio de Hacienda sobre el posible impacto en las finanzas nacionales. A pesar de ello, el tribunal concluyó que el Ministerio “no proporcionó evidencia suficiente de que la Sentencia C-489 de 2023 causaría alteraciones significativas en la sostenibilidad fiscal”, por lo que rechazó la solicitud y se dio por finalizado este asunto de manera definitiva.
Los grupos empresariales del sector minero-energético recibieron con satisfacción la decisión, ya que habían señalado que la introducción de este impuesto afectaría la inversión extranjera directa en sus industrias, dado que la tasa impositiva efectiva sería una de las más altas en comparación con otros países.
En efecto, según el índice de competitividad fiscal de 2023 elaborado por la Tax Foundation, Colombia ocupaba la última posición entre todos los países de la OCDE, ubicándose en el puesto 38 de 38. Esto resaltaba los desafíos que podrían surgir en términos de atraer capital hacia el país.
“Recibimos con alivio la decisión de la Corte Constitucional de negar el Incidente de Impacto Fiscal presentado por el Gobierno”, así lo expresó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Subrayó que esto asegura la estabilidad económica de este sector, y además, la determinación del tribunal establece un ejemplo favorable en cuanto a “la certidumbre legal en nuestro país y representa una salvaguarda para mantener el equilibrio de poderes dentro del Estado Social de Derecho”.
Es importante resaltar que el sector ya había indicado que la carga impositiva y el Government Take en la industria eran considerablemente altos en comparación con otras áreas mineras. Un estudio realizado por la ACM reveló que las tasas efectivas de participación estatal en el país estaban entre las más elevadas a nivel mundial. Por ejemplo, para la minería de oro a cielo abierto, ascendía al 67,7 %, muy por encima de países mineros como Chile, Australia o Sudáfrica. De manera similar, en la minería subterránea de carbón, la tasa alcanzaba el 80,6 %, en comparación con el 44,7 % en Chile.
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