El sector minero en Colombia enfrenta una nueva crisis con el inicio de un paro indefinido que involucra a más de 30 mil actores en Antioquia, Córdoba y Bolívar. La movilización, que comenzó el 21 de octubre, tiene como epicentro el Bajo Cauca antioqueño, y los mineros reclaman por la falta de avances en la formalización de su actividad y por las medidas estatales que han dificultado su labor. Según las autoridades locales, se implementarán restricciones como ley seca y limitaciones a la movilidad para controlar el impacto de la protesta.
De acuerdo con La Revista Semana, los mineros critican las acciones del Gobierno nacional, en especial la destrucción de maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública y las nuevas regulaciones ambientales que restringen la extracción minera. La Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) también expresó su desacuerdo con la “criminalización” de la minería, señalando que esta actividad contribuye al desarrollo de tecnologías que combaten el cambio climático y favorecen la transición energética.
Los manifestantes exigen, entre otras cosas, que el Ministerio de Defensa suspenda los operativos que destruyen la maquinaria de pequeños y medianos mineros, y que se garantice la seguridad de la protesta, evitando la infiltración de grupos delincuenciales como el Clan del Golfo.
