Durante una mesa técnica convocada por la Corte Constitucional para evaluar el presunto desacato en el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), se evidenció una profunda discrepancia entre el Gobierno Nacional y los organismos de control. El Ministerio de Salud y Protección Social argumentó que el rubro no es insuficiente, destacando un incremento real del 28,0% en la UPC y del 51,4% en el presupuesto del sector entre los años 2022 y 2026. El jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que esos porcentajes significan una inversión adicional de $21,0 billones y $25,0 billones de pesos. También señaló que la crisis financiera actual se debe a ineficiencias estructurales y a una mala gestión del modelo de intermediación privada.
Salud y Healtech: análisis y cifras
En contraste, los representantes de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo coincidieron en señalar que la tarifa actual sí resulta insuficiente y urgieron la necesidad de recalcularla basándose en variables técnicas acordes a la realidad del sistema. La portavoz de la Superintendencia Nacional de Salud informó sobre problemas serios que encontró durante las inspecciones. Dijo que algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) están contratando con hospitales públicos usando tarifas del año 2022, lo que afecta directamente el servicio médico. A esta problemática se suma una deuda acumulada por parte de las EPS que asciende a 32,9 billones de pesos, poniendo en grave riesgo la operación de clínicas, hospitales y proveedores.
Adicionalmente, el fiscal delegado anticorrupción expuso diversas modalidades de defraudación de los recursos parafiscales. Estas incluyen la creación de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) fachada, el cobro de tratamientos a pacientes inexistentes mediante el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la alteración de historias clínicas para facturar atenciones nunca realizadas. Frente a este complejo panorama de supuesta corrupción y despilfarro, el ministro Jaramillo aprovechó el escenario judicial para hacer un nuevo llamado al Congreso de la República, solicitando la aprobación definitiva de la reforma a la salud con el propósito de corregir las fallas estructurales y garantizar que los recursos lleguen directamente a la atención de los pacientes.
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