La implementación del Decreto 858 de 2025, que pone en marcha la reforma al sistema de salud, enfrenta importantes retos financieros que generan incertidumbre sobre su viabilidad. Un análisis de los costos asociados con los componentes claves del nuevo modelo revela que, si bien se han definido los gastos necesarios, aún no se han especificado las fuentes de financiación para varios de ellos, lo que plantea preguntas sobre cómo se cubrirán estas nuevas obligaciones.
Uno de los mayores desafíos es el financiamiento de los Equipos Básicos Territoriales de Salud (EBTS). Se estima que la conformación de más de 7.000 de estos equipos, compuestos por médicos, enfermeros y psicólogos, entre otros, tendrá un costo anual que supera los $3,1 billones. Sin embargo, el decreto no precisa si estos recursos provendrán de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), presupuestos máximos o apropiaciones del Presupuesto General de la Nación.
Otros componentes del nuevo modelo también carecen de una ruta de financiación clara. La creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) requiere inversiones en infraestructura y dotación, pero no se identifican las fuentes de recursos, especialmente para municipios pequeños y rurales. De igual manera, la formalización laboral de miles de trabajadores y el desarrollo de los sistemas de información, que debe exigirse en un plazo de 6 meses, implica un aumento de costos para las entidades de salud sin una ruta financiera que lo respalde.
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