El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, explicó que, en 2017, fueron 200 mil las tutelas que se presentaron por la negación de servicios de salud. Por ello, junto con el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, se radicó el pasado 16 de mayo, en el Congreso, un proyecto de ley para ejercer castigos de cárcel y sanciones disciplinarias a las empresas prestadoras de salud que retrasen la atención de los usuarios o no cumplan con la integridad y protección de los mismos.
El procurador destacó que “vamos a ponerle fin al paseo de la muerte que ha sido la regla fundamental para evadir la obligación que tienen las empresas prestadoras de salud”. El objetivo principal de este proyecto es “garantizar la salud de los colombianos y poner fin a prácticas características, como la negación, la obstrucción y el retraso en la prestación de los servicios de salud, sobre todo en los servicios que urgen colectivos de especial protección, casos de hemofilia y enfermedades huérfanas”.
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