El reciente anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de mantener congeladas las tarifas de peajes hasta 2024 ha generado preocupaciones en diversos sectores. Aunque la medida busca aliviar la carga económica sobre los usuarios, la Contraloría General de la República ha advertido que esta decisión podría tener un costo elevado para el país. De acuerdo con el ente de control, si no se realiza el ajuste pendiente del 4,64%, el Gobierno deberá asumir un costo de $1,02 billones, una suma que tendría que ser cubierta por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través del Presupuesto General de la Nación.
El congelamiento de tarifas fue ordenado mediante el Decreto 050 de 2023, evitando un incremento del 9,28% que debía ajustarse a la inflación del año anterior. Aunque en agosto se autorizó un ajuste parcial del 4,64%, la postergación del incremento restante hasta 2024 podría afectar gravemente la confianza inversionista y la seguridad jurídica, según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
Caicedo explicó que el déficit en los proyectos de concesión vial seguirá creciendo, afectando la capacidad de pago de los concesionarios que financiaron las obras con recursos de los ahorradores. La Contraloría comparte esta preocupación, señalando que la ANI podría enfrentar un menor recaudo de peajes, lo que obligaría al Estado a compensar a los concesionarios afectados. Además, los 11 contratos de concesión vial de Iniciativa Privada (IP) vigentes, que dependen exclusivamente del recaudo de peajes, podrían enfrentar un impacto aún mayor.
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