El Gobierno colombiano se prepara para enfrentar una demanda internacional interpuesta por la multinacional minera Continental Gold Inc. propietaria de la mina más grande del mundo ubicada en Buriticá (Antioquia). La empresa alega que el Estado no ha brindado protección adecuada frente a invasiones y actividades de minería ilegal en sus concesiones, lo que ha afectado sus operaciones.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en colaboración con asesores externos, liderará la estrategia de defensa ante los tribunales internacionales. El proceso se enmarca en los tratados de libre comercio entre Colombia y Canadá, que contemplan mecanismos de resolución de disputas entre inversionistas y el Estado.
La mina cuenta con licencia otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y fue declarada Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE) en 2016, destacando su relevancia para el desarrollo económico del país.
En octubre de 2024, el Consejo de Estado revocó medidas cautelares que favorecían a mineros tradicionales en la zona, tras apelaciones de la Procuraduría, la Gobernación de Antioquia y la Agencia Nacional de Minería. La decisión podría influir en el desarrollo del litigio internacional.
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