La expansión de la minería ilegal en América Latina está privando a la región de capitalizar los actuales precios récord del oro, que han superado los US$3.200 por onza. La actividad ilícita genera impactos económicos y ambientales significativos, al tiempo que fortalece redes criminales.
Según Bloomberg Línea, se estima que la minería ilegal representa aproximadamente el 80,0 % del oro extraído en Colombia, el 50,0 % en Bolivia, el 40,0 % en Perú y el 30,0 % en Brasil. En Venezuela, prácticamente toda la producción es considerada ilegal debido a las sanciones internacionales. Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en la Coalición por la Transparencia Corporativa y la Responsabilidad Financiera (FACT), señaló que esta actividad genera más de US$7.000 millones anuales en ingresos ilícitos en Sudamérica.
La minería ilegal está dominada por una compleja red de actores que incluye grupos de crimen organizado, guerrillas, redes de contrabando internacional, actores estatales corruptos y empresas cómplices. Además de las pérdidas económicas, esta actividad genera graves consecuencias sociales y ambientales, como trabajo infantil, prostitución y drogadicción, especialmente en comunidades vulnerables.
La falta de regulación y control efectivo sobre la cadena de producción y comercialización del oro permite que estas redes ilícitas prosperen, impidiendo que los países latinoamericanos se beneficien plenamente del auge en los precios del metal precioso.
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