- La incertidumbre contractual en torno a peajes e intereses está afectando la inversión y exige señales claras del Gobierno al mercado.
En el foro Infraestructura y Vivienda de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), se realizó un panel moderado por Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de ANIF, donde expertos relacionados con el sector constructor resaltaron que la planeación y la gestión del sector infraestructura requieren ajustes estructurales.
Alejandro Sánchez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana, destacó que el sector ha demostrado una resistencia notable tras tres años de “stress testing” (simulación de escenarios adversos para evaluar la capacidad de un sistema o sector para soportar condiciones extremas), pero advirtió sobre el deterioro en la confianza de los inversionistas ante la falta de certeza sobre variables contractuales, como el incremento de peajes o el reconocimiento de intereses. “Hay que dar señales claras al mercado de que los contratos se cumplirán”, señaló.
En contraste, María Constanza García, vicepresidenta de la Empresa Metro Línea 1, enfatizó en el impacto positivo que tienen los grandes proyectos urbanos. El Metro de Bogotá, por ejemplo, genera 17.500 empleos directos y 60.000 indirectos, dinamizando la economía local a través del consumo de energía, alimentos y servicios. Sin embargo, subrayó los retos que implica construir en suelo urbano consolidado y la importancia de la comunicación con las comunidades para garantizar alineación y sostenibilidad. En materia ambiental, precisó que el proyecto mantiene un compromiso firme: “por cada árbol talado o trasladado, se siembran cinco nuevos”.
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Ejecución, institucionalidad y estabilidad normativa: condiciones para atraer inversión
El presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Francisco Lozano, señaló que la clave para destrabar la inversión es reafirmar el compromiso del Gobierno central con el desarrollo de infraestructura. Si bien el sector ha mostrado solidez, persiste un descontento por parte de los inversionistas frente al seguimiento contractual y los retrasos en la entrega de unidades funcionales por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Por su parte, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Gutiérrez, coincidió en que el foco debe estar en ejecutar proyectos y mejorar la priorización gubernamental. Explicó que los temas de peajes se han resuelto en proyectos de iniciativa pública, pero no en los de iniciativa privada, donde representan la principal fuente de ingresos.
Ginette Lozano, directora de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, añadió que la gestión vial integral presenta cifras preocupantes: cerca del 60 % de la infraestructura vial del país se encuentra en condiciones malas o muy malas, mientras que solo el 12 % de los ingresos por peajes se reinvierte en mantenimiento. “El túnel de La Línea recauda 41.000 millones de pesos, pero requiere 115.000 millones anuales para operar adecuadamente”, precisó. Lozano hizo un llamado a establecer reglas de juego estables y sostenibles para garantizar la viabilidad financiera de los proyectos.
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Innovación en financiamiento y gestión contractual
En cuanto a los mecanismos para evitar que la inversión se enfríe, el vicepresidente de inversiones de Corficolombiana resaltó la necesidad de agilizar la gestión de contratos y reducir la litigiosidad, que hoy incluye pleitos que van desde 5.000 millones hasta 1 billón de pesos. Además, insistió en explorar nuevos esquemas, ya que, aunque las iniciativas privadas han sido valiosas, presentan demoras significativas (como el caso del aeropuerto de Cali, mencionando que lleva siete años en desarrollo). A esto se suma un contexto financiero más exigente: el costo del capital se ha duplicado en la última década, lo que limita la rentabilidad de las inversiones.
Frente a los desafíos de financiación, Francisco Lozano (FDN) destacó la creación de instrumentos innovadores por parte de la entidad, como la “línea de liquidez” implementada durante las 4G, las garantías sustitutivas de cuentas de reserva y la deuda subordinada de largo plazo para proyectos eólicos y solares. Estas herramientas buscan movilizar recursos del sistema financiero y facilitar la participación de la banca privada en proyectos de infraestructura sostenible.
Lecciones y prioridades para la reactivación
Los panelistas coincidieron en que la estructuración técnica y financiera de los proyectos es determinante. María Constanza García insistió en la importancia de contar con socios con músculo financiero y experiencia operativa.
Para el expresidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, la reactivación del sector depende, en última instancia, de una voluntad política real. “Si el siguiente gobierno decide ejecutar obras, el sector podría volver a niveles similares a los de 2021 y 2022”, afirmó.
Finalmente, Ginette Lozano subrayó la necesidad de estructurar adecuadamente los proyectos, tanto a nivel nacional como distrital, e incorporar nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia y reduzcan costos. En esa misma línea, Sánchez hizo un llamado a fortalecer las capacidades técnicas y a reducir la rotación del personal, factores que afectan la continuidad de la gestión y la fluidez de los procesos.
