Diversas organizaciones del sector salud presentaron una hoja de ruta orientada a reestructurar radicalmente el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La iniciativa surge como respuesta a la excesiva regulación y al represamiento actual de 12.470 solicitudes, situación que retrasa significativamente la disponibilidad de nuevos tratamientos en el territorio nacional. Entidades como Afidro, Fifarma y la Cámara de Comercio Colombo Americana señalan la urgencia de consolidar una agencia gubernamental moderna, capaz de equilibrar el rigor científico con la eficiencia operativa para garantizar un acceso oportuno a terapias innovadoras.
Según el diario El Nuevo Siglo, los tiempos requeridos para aprobar nuevos registros sanitarios aumentaron de 22 meses en 2024 a 29 meses durante 2025, ubicando a la autoridad local entre las más lentas de la región. El panorama resulta preocupante al observar el incremento en las tasas de rechazo; el año anterior, el 45,0% de las peticiones para moléculas oncológicas fueron denegadas, proporción que ascendió al 50,0% en el caso de medicamentos para enfermedades huérfanas. Resulta llamativo que el 83,0% de los fármacos negados ya contaban con el aval de agencias internacionales de alta vigilancia.
El deterioro de la capacidad institucional obedece en gran medida a un desfinanciamiento progresivo, reflejado en recortes presupuestales promedio del 30,0% entre los periodos 2023 y 2025. Para mitigar las demoras y optimizar los recursos disponibles, los expertos recomiendan implementar mecanismos de reconocimiento regulatorio internacional, permitiendo validar evaluaciones externas sin perder la independencia técnica. Adoptar dichas prácticas globales y actualizar normativas obsoletas resulta fundamental para promover la competitividad del renglón farmacéutico, atraer inversión extranjera y asegurar un sistema de salud sostenible en beneficio de los pacientes colombianos.
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