La crisis política en Perú se ha consolidado como uno de los casos más representativos de inestabilidad institucional en América Latina. Con nueve presidentes en poco más de una década, el país enfrenta un sistema político que incentiva el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente a través de mecanismos como la vacancia presidencial por “incapacidad moral”. En este contexto, la elección de 2026, que llevará a segunda vuelta a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, no representa necesariamente una solución estructural, sino la continuidad de un modelo fragmentado donde ningún liderazgo logra consolidar mayorías estables.
Más allá de lo político, esta inestabilidad tiene implicaciones económicas profundas. Aunque Perú mantiene fundamentos sólidos en sectores como la minería, la falta de gobernabilidad limita la ejecución de políticas públicas, frena la inversión y alimenta el descontento social, especialmente en regiones donde los beneficios del crecimiento no se distribuyen de manera equitativa. A esto se suma el aumento de la inseguridad y la desconfianza en las instituciones, factores que refuerzan un ciclo donde el cambio de presidente no implica un cambio de rumbo. El desafío para el próximo gobierno no será solo ganar una elección, sino romper un patrón estructural que ha impedido al país traducir su potencial económico en estabilidad política sostenida.
