- La negociación del salario mínimo para 2026 parte de dos cifras base: una inflación proyectada cercana al 5,0% y una productividad que no superaría el 1,0%. La suma de ambos es el punto de inicio técnico para la discusión.
- Los gremios empresariales han manifestado que el incremento no debería superar el 7,0% para no afectar la generación de empleo formal ni presionar la inflación.
- El Gobierno Nacional busca un aumento concertado y aún no ha revelado su propuesta oficial, aunque analistas proyectan que su intención podría iniciar sobre el 9,5% o incluso el 11,0%.
Como es costumbre en el último trimestre del año, Colombia se prepara para la negociación del salario mínimo, una de las discusiones económicas más relevantes para el país. El debate para 2026 comienza con una base técnica clara, una postura empresarial que fija un techo prudente y un Gobierno que busca el consenso. El resultado de esta concertación será clave para el poder adquisitivo de millones de hogares y la estabilidad del mercado laboral.
La negociación, que se instala formalmente en el último trimestre del año, reúne a representantes del Gobierno, los gremios de empresarios y las centrales de trabajadores en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El objetivo es llegar a un acuerdo antes de que finalice el año; de lo contrario, el Gobierno lo fijará por decreto.
El Punto de Partida: Inflación + Productividad
La fórmula tradicional para calcular el aumento del salario mínimo tiene dos componentes principales: la inflación causada del año que termina y el dato de productividad. Según las proyecciones actuales, se espera que la inflación cierre el 2025 cerca del 5,0%. Este indicador es crucial, ya que el aumento debe, como mínimo, proteger el poder de compra de los trabajadores frente al alza en el costo de vida. La productividad, que históricamente en Colombia ha mostrado un crecimiento modesto, por lo que esta cifra difícilmente superará el 1,0%.
El componente inflacionario es el más sensible. A pesar de que ha venido descendiendo, persisten factores que dificultan su convergencia a la meta del 3,0%, según ha explicado Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
La postura empresarial: un techo del 7,0% para proteger el empleo
Desde el sector privado, la principal preocupación es el impacto que un alza excesiva pueda tener sobre la generación de empleo formal y la competitividad.
Al explorar las perspectivas para el próximo año, se estima que un 77,5 % de las empresas planea incrementar los salarios en 2026. En contraste, un 20,3 % de las compañías consultadas aún no ha tomado una decisión, mientras que un 2,2 % ya ha descartado la posibilidad de un aumento.
En lo que se refiere específicamente al salario mínimo, el consenso entre las organizaciones es que el alza no debería superar el 7,0 %, fundamentando esta postura en el comportamiento de la economía, las proyecciones de inflación y la capacidad de pago de las empresas.
La perspectiva del Gobierno
El Ministerio de Trabajo ha sido claro en afirmar que el Gobierno aún no ha fijado una posición sobre un porcentaje de aumento para el salario mínimo de 2026, y que la prioridad es lograr un incremento concertado.
Si bien no hay una propuesta oficial, es relevante considerar los antecedentes de esta administración: para 2023 el aumento fue del 16,0 % y para 2024 del 12,0 %. Tomando en cuenta este contexto, algunos analistas aseguran que la discusión sobre el ajuste podría empezar con un incremento del 9,5 %, e incluso con la posibilidad de que llegue al 11,0 %.
Análisis de Impacto: empleo y formalidad
Más allá de la cifra porcentual, la discusión sobre el salario mínimo se centra en sus impactos directos sobre el mercado laboral. Gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han advertido que un aumento desmedido podría tener consecuencias negativas, principalmente en la generación de empleo. La principal preocupación es que un incremento muy por encima de la inflación y la productividad desincentive la contratación formal, afectando la creación de nuevos puestos de trabajo.
Este riesgo es particularmente alto para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son las mayores generadoras de empleo en el país. Para este segmento empresarial, un alza elevada en los costos laborales puede comprometer su capacidad de pago. Por ello, el consenso del sector privado es que se debe encontrar un balance que permita proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin sacrificar la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo formal.
