La ponencia del proyecto de ley establece que cada cuatro años se formulará la Política de Medicamentos, Insumos y Tecnologías en Salud, teniendo en cuenta criterios como la compra conjunta de medicamentos esenciales que puede mejorar el acceso y disponibilidad de algunos insumos; pero que tiene grandes retos a la hora de garantizar la calidad de los productos y evitar la corrupción y también implica una pérdida de autonomía en la toma de decisiones alrededor de los medicamentos necesarios.
Al respecto, gremios que representan al sector ven con preocupación que se podría afectar la autonomía médica para prescribir medicamentos innovadores y de vanguardia. Incluso, el país podría quedar rezagado en la posibilidad de responder con tratamientos de última generación para combatir los retos permanentes de salud.
El proyecto también busca el respaldo a la producción nacional de moléculas no protegidas por patentes, la transferencia tecnológica, con estímulos para la elaboración de medicamentos y tecnologías, mayor investigación y desarrollo, entre otras estrategias encaminadas a recuperar la producción farmacéutica en el país, las cuales tendrán un efecto positivo, pero no en el corto y mediano plazo y que requerirán de una fuerte inversión.
Por otra parte, el proyecto plantea que los servicios farmacéuticos harían parte de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RISS), por lo que las entidades interesadas en seguir participando de este mercado tendían que acogerse a las nuevas normativas del Ministerio de Salud, algo que puede afectar a las droguerías del país, ya que de acuerdo con la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), el 70% de estos negocios son empresas familiares atendidas por un mismo propietario.
