La Ley de Plazos Justos de 2020 establece un plazo máximo de 45 días para el pago de facturas a las pymes.
La solicitud de asociaciones empresariales impulsó al gobierno a promulgar la Ley de Plazos Justos, buscando un entorno más favorable para las pymes.
La Ley de Plazos Justos, decretada en 2020, representa una de las reformas más significativas en Colombia en términos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta ley surge en respuesta a un problema recurrente, los extensos plazos de pago que las pymes enfrentaban por parte de grandes empresas y entidades públicas, lo cual afectaba su flujo de caja y su capacidad operativa. La implementación de esta legislación no sólo busca mejorar la liquidez de las pymes, sino también fomentar un entorno comercial más justo y equitativo (Mipymes aportan 35% del PIB del país).
¿En qué consiste la ley?
La Ley de Plazos Justos de 2020 establece que las grandes empresas y las entidades públicas deben pagar las facturas emitidas por las pymes en un plazo máximo de 45 días. Este plazo se implementó de manera progresiva, permitiendo una adaptación gradual hasta llegar al límite establecido. Además, la ley promueve el uso de la facturación electrónica, lo que facilita la transparencia y la eficiencia en los procesos de pago.
Otra característica clave de la ley es la inclusión de sanciones legales o administrativas para las empresas que no cumplan con los plazos de pago establecidos. Estas sanciones tienen como objetivo incentivar el cumplimiento y proteger los derechos de las pymes. Asimismo, se han implementado mecanismos de resolución de conflictos para abordar disputas relacionadas con el pago de facturas, garantizando soluciones rápidas y justas (Sólo el 12% de las Mipymes exportan).
¿Cómo surge?
La necesidad de la Ley de Plazos Justos surgió de una problemática estructural en la economía colombiana: las pymes, que representan una parte importante del tejido empresarial del país, enfrentaban dificultades debido a los largos tiempos de espera para recibir pagos. Este retraso en los pagos afectaba su flujo de caja, limitaba su capacidad de inversión y, en algunos casos, ponía en riesgo su viabilidad.
La solicitud de diversas asociaciones de pymes y cámaras de comercio, que argumentaban que estos plazos de pago eran una barrera para el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, impulsó al gobierno a tomar medidas legislativas.
Evolución de la Ley
La Ley de Pagos en Plazos Justos en Colombia ha experimentado varias modificaciones desde su creación en 2020. En 2021, el plazo de pago para facturas recibidas se redujo a 60 días calendario, y en 2022 se redujo aún más a 45 días. Además, en 2022 se introdujo un sello de buenas prácticas, otorgado a empresas que pagan dentro de estos plazos, mediante una certificación emitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se implementó un procedimiento simplificado para la participación de empresas, con un formulario en línea y certificación correspondiente. También se realizaron modificaciones al Ranking de Pago en Plazos Justos, que clasifica a las empresas según sus tiempos de pago a proveedores. Estos cambios buscan mejorar la efectividad de la ley y facilitar su aplicación, en línea con los objetivos de promover el cumplimiento de obligaciones financieras y mejorar la productividad empresarial en Colombia (Colombia es el país OECD que más exige garantías a las pymes para otorgar un crédito (Video y Podcast)).
Implicaciones futuras
La Ley de Plazos Justos tiene implicaciones positivas al fortalecer la posición financiera de las pymes, se espera que estas empresas puedan desempeñar un papel más activo en el crecimiento económico del país. La mejora en la liquidez y la estabilidad financiera permitirá a las pymes innovar, expandirse y generar empleo, contribuyendo así al desarrollo económico sostenible.
Además, esta ley sienta un precedente importante para otras reformas necesarias en el ámbito de la equidad comercial y el apoyo a las pequeñas empresas. La experiencia positiva con la Ley de Plazos Justos podría impulsar iniciativas similares en otros sectores y regiones, promoviendo un entorno empresarial más justo y dinámico en Colombia.
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