La definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 es un factor decisivo para asegurar los recursos indispensables que garanticen la cobertura adecuada de servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías de salud, esenciales para proteger el derecho fundamental a la salud en Colombia. El proceso adquiere mayor relevancia en un contexto marcado por una crisis financiera sin precedentes en el sistema de salud. La insuficiencia en el monto de la UPC genera riesgos significativos, incluyendo barreras de acceso, demoras en la atención y un aumento del gasto de bolsillo de los hogares, poniendo en peligro tanto la sostenibilidad del sistema como la protección de los pacientes y sus familias.
Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), para comenzar a estabilizar el sistema en 2025, la UPC debería incrementarse al menos un 16,9%. Este ajuste considera factores como la siniestralidad, el crecimiento poblacional y la inflación, pero excluye los déficits acumulados entre 2022 y 2024, que solo en 2024 ascendieron a $10,9 billones. La ANDI subraya que corresponde al Gobierno nacional, a través de los ministerios de Salud, Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, definir un incremento que permita garantizar la operatividad del sistema antes de implementar cualquier reforma. Sin esta medida, la prestación de servicios y el suministro de tecnologías en salud continuarían operando bajo un déficit insostenible, comprometiendo aún más la calidad y accesibilidad del sistema de salud.