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Sector nuclear colombiano genera $3,6 billones al año y aspira a duplicar su aporte tras la aprobación de la Ley Nuclear

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El Congreso de la República aprobó, el pasado 10 de junio de 2026, el proyecto de Ley Nuclear “Átomos para la Vida”, que le entrega a Colombia su primer marco regulatorio integral en materia nuclear. La iniciativa, resultado de más de tres años de trabajo técnico y político, superó sus cuatro debates legislativos con votación unánime y sin un solo voto en contra, un respaldo multipartidista poco frecuente en el actual panorama político nacional. La norma crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), la primera autoridad independiente del país encargada de inspeccionar instalaciones, otorgar licencias y permisos, imponer sanciones y verificar que cualquier uso de tecnología nuclear en el territorio se limite a fines exclusivamente pacíficos, en línea con tratados internacionales como el de No Proliferación y el de Tlatelolco. Con esta decisión, Colombia se suma al reducido grupo de países de América Latina que cuentan con legislación nuclear propia y una autoridad reguladora independiente, superando la dispersión institucional que durante décadas frenó su desarrollo.

El sector nuclear colombiano, que hoy concentra aplicaciones en medicina, industria e investigación, ya genera cerca de 45.000 empleos y representa el 0,25% del PIB nacional, equivalente a $3,6 billones de pesos anuales; con el nuevo marco regulatorio en marcha, se proyecta que ese impacto económico podría duplicarse en los próximos cinco años. El mayor potencial de corto plazo está en la salud: Colombia es hoy el único país de América Latina que cuenta con un reactor nuclear de investigación, operado desde 1965 por el Servicio Geológico Colombiano, sin producir radioisótopos para uso médico o industrial, lo que obliga a importar radiofármacos a costos elevados y con cadenas de suministro frágiles. Según cifras del Ministerio de Salud citadas por Valora Analitik, el cáncer es la segunda causa de muerte en el país, con cerca de 118.000 casos nuevos y 57.000 fallecimientos al año, un panorama que la futura producción local de radiofármacos busca atender al reducir tiempos de espera y la dependencia de proveedores externos.

En el frente energético, la ley no habilita la construcción inmediata de centrales, pero sí deja lista la estructura institucional para cuando el país decida avanzar en esa dirección. Según el Plan Energético Nacional, Colombia tiene proyectado explorar la generación de energía nuclear a partir de 2035, un horizonte en el que ya participan más de 60 reactores en construcción alrededor del mundo, mientras apenas 31 países operan plantas nucleares para producir electricidad. Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana, estima que el país podría contar con un reactor de producción de radiofármacos en un plazo de 10 a 15 años, y con generación de energía nuclear en unos 20 años, si los próximos gobiernos le dan continuidad al proceso.

Para Sectorial, la aprobación de la Ley Nuclear marca un punto de inflexión regulatorio más que un cambio inmediato en la matriz energética o en el sistema de salud. El verdadero impacto de corto y mediano plazo estará en la instalación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear y en su capacidad para atraer cooperación técnica internacional que permita avanzar hacia la producción local de radiofármacos, un mercado hoy cautivo de las importaciones. Para el sector salud, esto representa una oportunidad de reducir costos y tiempos de espera en diagnósticos oncológicos, mientras que para el sector energético abre una vía de diversificación de bajas emisiones que complementaría, sin sustituir en el corto plazo, a las fuentes hidroeléctrica, solar y eólica.

Sin embargo, la implementación real dependerá de que la norma efectivamente reciba la sanción presidencial y de que los próximos gobiernos sostengan el cronograma institucional, dado que la puesta en marcha de la ANSN y la eventual construcción de nueva infraestructura nuclear son procesos que se medirán en años, no en meses. Los inversionistas de salud, tecnología médica y energía deberán monitorear de cerca los primeros actos administrativos de la futura agencia.

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