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Presupuesto de la ANI cae 62,6% frente al anteproyecto y queda en $9,8 billones para 2027

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El sector de infraestructura vial enfrentará un año de fuertes limitaciones fiscales en 2027. El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) radicado por el Gobierno saliente ante el Congreso de la República redujo de manera significativa los recursos destinados a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la entidad encargada de administrar buena parte de las concesiones viales, férreas, portuarias y aeroportuarias del país. La cifra, que deberá ser estudiada y votada por el Legislativo en las próximas semanas antes de convertirse en ley, se suma a un ajuste generalizado que también golpea a otros sectores del gasto público y que llega justo en el tránsito hacia la nueva administración de Abelardo de la Espriella.

Según La República, en el anteproyecto presentado en abril se había planteado una asignación de $26,2 billones para la ANI, pero en el proyecto finalmente radicado esta partida se redujo a apenas $9,8 billones, lo que equivale a un recorte de $16,4 billones frente a lo previsto inicialmente. El ajuste a la infraestructura vial no fue el único: Educación perdió $10 billones, al pasar de $89 billones a $79 billones; Trabajo retrocedió $5,5 billones; Minas y Energía se redujo en $5,2 billones, y Salud disminuyó $2 billones. En conjunto, estos cinco sectores concentraron recortes por $39,1 billones frente al anteproyecto de abril.

El presupuesto total quedó en $575,6 billones, $21,4 billones menos que los $597 billones planteados inicialmente, aunque el documento reconoce un faltante de $30,2 billones, equivalente al 1,4% del PIB, que depende de la aprobación de una reforma tributaria aún no garantizada. El Congreso tiene plazo hasta el 15 de agosto para decidir si devuelve el proyecto al Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con El Tiempo, dentro de la clasificación funcional del gasto, el sector Transporte tendrá una apropiación de $18,45 billones para 2027, equivalente al 4,03% del presupuesto sin contar el servicio de la deuda. De ese total, la ANI concentraría $7,37 billones, el Instituto Nacional de Vías (Invías) recibiría $6,05 billones y la Aeronáutica Civil, $4,03 billones, recursos que respaldarán la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento de carreteras, así como infraestructura férrea, fluvial y aeroportuaria. Esta cifra de $7,37 billones para la ANI, calculada bajo la clasificación funcional del gasto, difiere de los $9,8 billones que reporta La República para la misma entidad bajo la clasificación institucional, lo que refleja distintas metodologías de conteo más que una contradicción de fondo.

El medio también destacó que el servicio de la deuda pasará de $100,45 billones a $118,04 billones, un incremento del 17,5%, absorbiendo cerca de una quinta parte del presupuesto total y reduciendo el margen disponible para nueva inversión en infraestructura. Para dimensionar el peso relativo del sector, El Tiempo señaló que Educación concentrará $92,45 billones, el 20,2% del presupuesto sin deuda, y que Salud pasará de $86,30 billones a $89,05 billones, cifras muy superiores a la apropiación conjunta que recibirá el sector Transporte para atender toda la red vial, férrea y aeroportuaria del país.

De acuerdo con Sectorial, un estudio de Corficolombiana, citado por El Nuevo Siglo, había advertido que el país necesitaría inversiones anuales cercanas al 7,5% del PIB entre 2026 y 2030 para revertir la contracción acumulada en obras civiles, un sector que hoy se ubica cerca de 36% por debajo de sus niveles prepandemia. El recorte a la ANI reafirma esa tendencia: si la principal entidad concedente de vías del país pierde más de la mitad de los recursos proyectados en abril, la meta de recuperación luce cada vez más lejana para el próximo cuatrienio.

Con más del 90% del presupuesto nacional comprometido en gasto rígido y el servicio de la deuda absorbiendo una quinta parte del total, el margen de maniobra del próximo Gobierno para sostener los proyectos de quinta generación (5G) y las obras de mantenimiento vial dependerá, en buena medida, de los ajustes que introduzca el Congreso antes de la aprobación definitiva del PGN 2027.

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