El Gobierno Nacional expidió la Resolución CRA 1039 de 2026, con la cual adopta un nuevo marco tarifario para las prestadoras del servicio público de aseo que atienden municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos en todo el país. El acto, fue suscrito por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien actuó como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ad hoc y presidente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para su expedición. La metodología incorpora principios de justicia tarifaria, sostenibilidad, innovación y cierre de brechas, en línea con el programa Basura Cero.
El Ejecutivo la presentó como una de las transformaciones regulatorias más relevantes del saneamiento básico en los últimos años, al reconocer formalmente a los recicladores de oficio como actores centrales del sistema y crear incentivos para que prestadores, municipios y usuarios eleven las tasas de aprovechamiento. Con la reforma, la regulación deja de concentrarse únicamente en la disposición final en rellenos sanitarios y abre espacio para remunerar, vía tarifa, la separación en la fuente, el tratamiento y la reincorporación de materiales a las cadenas productivas.
Según el diario Portafolio, una funcionaria de la CRA explicó que la reforma busca que los colombianos paguen cada vez menos por la recolección, el transporte y la disposición final de basuras, y que, a cambio, la tarifa retribuya e incentive las actividades de selección, tratamiento y aprovechamiento de los residuos que produce la sociedad. Ese giro, según la entidad, constituye el eje central de la nueva regulación y no un ajuste menor dentro de la metodología vigente desde 2015.
La CRA aclaró, no obstante, que el marco tarifario no fija un incremento uniforme en la factura, pues el efecto real dependerá de cada prestador y de la velocidad con la que avance en separación, tratamiento y aprovechamiento dentro de su operación. Los prestadores que aceleren esa transición tendrían un comportamiento tarifario distinto al de aquellos que mantengan esquemas tradicionales centrados en la recolección y la disposición final. La entidad enmarcó la decisión en sus competencias del artículo 365 de la Constitución y la Ley 142 de 1994, orientadas a la eficiencia económica y financiera, la calidad del servicio y la protección a los usuarios.
La expedición del nuevo marco tarifario ocurrió después de que la Corte Constitucional convocara, el 17 de julio, una mesa técnica para examinar su impacto sobre los recicladores de oficio, según reportó Infobae. La diligencia hizo parte del seguimiento que el alto tribunal mantiene desde hace más de dos décadas al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, que ordenó a las autoridades distritales adoptar acciones afirmativas a favor de esta población en la contratación del servicio de aseo.
En la reunión, en el Palacio de Justicia, la CRA debió exponer los cambios frente al modelo vigente y los mecanismos previstos para evitar afectaciones a las organizaciones de recicladores. Previamente, la organización Ecoalianza había manifestado ante la Corte que la propuesta regulatoria podría generar cargas económicas y administrativas capaces de afectar la permanencia de los recicladores en la actividad de aprovechamiento y reducir sus ingresos.
Para Sectorial, el efecto real del nuevo marco tarifario dependerá menos del texto de la Resolución CRA 1039 que de la capacidad de cada prestador para adaptar su operación a la lógica de incentivos que propone la reforma. Colombia arrastra una brecha estructural en el aprovechamiento de residuos, y el diseño de la nueva metodología, que premia la separación y penaliza relativamente la disposición final, podría ampliar la distancia entre los operadores urbanos con mayor capacidad técnica y financiera y aquellos que atienden municipios intermedios con menos margen para invertir en infraestructura de tratamiento. A esto se suma un factor de riesgo regulatorio poco frecuente en otros servicios públicos: la supervisión activa de la Corte Constitucional sobre la protección de los recicladores de oficio, que introduce una variable judicial adicional sobre la estabilidad del esquema en el corto plazo.
¿Cómo evaluar el riesgo regulatorio de los servicios públicos que operan bajo su empresa? Consulte el Índice de Desempeño Sectorial de Sectorial y acceda al seguimiento normativo, financiero y comercial del sector de saneamiento básico en Colombia, así como la Guía de Entendimiento Sectorial, para mayor conocimiento del sector.
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