Colombia retrocedió al noveno lugar a nivel mundial al cierre de 2025 (desde el puesto 14 en 2024), consolidando un riesgo superior al de países como Israel o Afganistán. Esta escalada se materializa en un incremento del 47 % en los ataques terroristas —incluyendo la adopción de drones con fines bélicos— y un aumento del 77 % en las víctimas fatales.
La expansión de los cultivos de coca, que pasaron de 48.000 hectáreas en 2014 a 261.000 al cierre de 2024, es la principal fuente de financiamiento de diversos actores armados. Esto ha disparado delitos que afectan el clima de inversión y la percepción ciudadana en las últimas dos décadas: la extorsión saltó de 1,9 a 25 casos y el hurto de 69 a 545 casos por cada 100.000 habitantes.
La criminalidad se posiciona como una barrera macroeconómica en la región. Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten que un aumento del 10 % en los homicidios puede contraer la actividad económica local en un 4 %, mientras que reducir la violencia a la mitad tendría el potencial de impulsar el desarrollo económico hasta en un 30 %.
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