El 31 de julio de 2026, el nuevo Congreso retiró la Ley de Competencias de la administración anterior. Esto elimina el riesgo de que el Sistema General de Participaciones sea administrado por una junta centralista y abre la puerta para que los mandatarios locales concierten una nueva ley que defina las responsabilidades y el destino de los nuevos recursos.
A través de la reforma al Sistema General de Participaciones, las transferencias del Gobierno Nacional a los municipios y departamentos pasarán de representar el 25 % del presupuesto actual, a un 39,5 % para el año 2038, ampliando drásticamente la capacidad de inversión local de las regiones.
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