El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2271 de 2023, en el cual se contempla la gratuidad en la educación superior pública en Colombia, una política que incluirá los programas técnicos, tecnológicos y profesionales.
No obstante, desde el gobierno del expresidente Iván Duque se garantizó el acceso a este nivel educativo de forma gratuita, con la implementación de la política de matrícula cero, que permitió a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 librarse de esos costos. Con el gobierno de Gustavo Petro el requisito era que los beneficiarios pertenecieran al grupo del Sisbén IV.
Lo nuevo en la medida anunciada por el gobierno consiste en reglamentar la Ley 2307 de 2023, que fue aprobada por el Congreso de la República en julio y sancionada en agosto por el presidente Gustavo Petro. Esta norma tenía como objetivo “eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa”. Con el decreto, se plantea una inyección de recursos para financiar la política. El presidente de la República indicó que este año se destinarán $2,8 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación, para su implementación.
Para este fin, el Ministerio de Educación realizará directamente el giro de recursos a las instituciones de educación superior públicas, para cubrir la matrícula ordinaria neta de los beneficiarios.
Aurora Vergara, jefa de cartera del Ministerio de Educación, mencionó que actualmente el sector cuenta con un presupuesto suficientemente robusto para respaldar el acceso a la educación superior, agregando que “este es uno de los programas prioritarios del Gobierno y vamos a transitar de $58 billones de pesos en 2023, que es la operación de todo el sector, a $70 billones de pesos. Y, a medida que vayamos avanzando, esperamos continuar con el crecimiento”.
Asimismo, la ministra explicó que otra de las novedades se centra en la flexibilización de los requisitos necesarios para acceder a este nivel de formación. Antes la matrícula cero se limitaba a los estudiantes de algunos estratos socioeconómicos, indicador que ya no será tenido en cuenta como criterio para entregar los beneficios. La ministra agregó que “la reflexión que hizo el equipo del Congreso a medida que iba avanzando en la deliberación de la ley era que en los estratos 4, 5 y 6 que no habían sido contemplados previamente se oculta una población que tiene unos retos socioeconómicos importantes. Entonces, las universidades van a identificar cuáles de estas familias requieren acceder a educación por esta vía”.
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