Colombia transita hacia el gobierno de Abelardo De la Espriella con un sistema de salud que, pese a una cobertura cercana al 99,0% de la población, arrastra un deterioro financiero que ya compromete la atención de millones de pacientes. El nuevo mandatario recibió una cartera marcada por la escasez de medicamentos, el aumento de quejas y reclamos, y una pérdida de confianza entre aseguradores, prestadores e industria. El debate ya no gira en torno a un rediseño completo del sistema como en la administración saliente, que también intervino varias EPS, sino a una pregunta más urgente: cómo garantizar la sostenibilidad financiera sin afectar la atención de millones de colombianos.
Según la revista Banca & Economía de Asobancaria, las EPS cerraron 2025 con una siniestralidad del 109,5% y un patrimonio negativo cercano a $10,2 billones, mientras las deudas con hospitales y clínicas alcanzaron los $25,7 billones. La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó en la publicación que el sistema acumula una insuficiencia de recursos de vigencias anteriores que representa un déficit actuarial de $34,2 billones entre 2021 y 2025, y que solo para cerrar financieramente 2026 se requerirían cerca de $9,6 billones adicionales, de los cuales $3,7 billones corresponden al rezago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo y $5,9 billones a presupuestos máximos, tanto corrientes como represados.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtió que una de las prioridades del nuevo Gobierno será atender las obligaciones acumuladas y corregir el rezago en el ajuste de la UPC. El deterioro no se detuvo con el cambio de gobierno: la Contraloría General reportó deudas totales con hospitales, clínicas y proveedores por $58,0 billones al cierre de 2025, un alza del 26,5% frente al año anterior, mientras Así Vamos en Salud calculó que, ya en el primer trimestre de 2026, las cuentas por pagar del sistema sumaban $41,5 billones, con el 92,6% de esa cartera en mora.
La preocupación no es reciente. En el 32.° Foro de Salud de la Andi, realizado en junio en Cartagena ante más de 2.000 representantes del sector, el presidente del gremio, Bruce Mac Master, alertó sobre una deuda del sistema cercana a $32,0 billones acumulada durante los últimos cuatro años, el cierre de 6.084 servicios de salud y un incremento de peticiones, quejas y reclamos que ya superan el millón. Voceros como Fedesarrollo insisten en que el primer paso debe ser un ajuste gradual de la UPC, el saneamiento de las deudas entre actores y el rediseño de los incentivos que hoy privilegian la contención de costos sobre la calidad de la atención, mientras la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio de las EPS, plantea garantizar primero la continuidad de los tratamientos críticos y el suministro de medicamentos.
Para Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, la crisis ya se traduce en mayor gasto de bolsillo para los hogares, especialmente los de menores ingresos, mientras un análisis de la firma Frontier View advierte que una liquidación masiva de las EPS intervenidas implicaría riesgos jurídicos, financieros y operativos de gran magnitud, entre ellos la migración de historias clínicas de millones de afiliados.
Desde Sectorial consideramos que la cifra de $9,6 billones necesarios para cerrar 2026 confirma que la crisis de las EPS dejó de ser un problema de caja para convertirse en un boquete estructural que ningún gobierno podrá resolver en un solo periodo fiscal. Que el déficit actuarial acumulado entre 2021 y 2025 alcance los $34,2 billones, y que la siniestralidad se mantenga por encima del 100,0% desde hace varios años, muestra que el ajuste de la UPC llega sistemáticamente rezagado frente al costo real de la atención médica.
Para un seguimiento detallado del comportamiento del sistema de salud y su impacto en distintos sectores de la economía colombiana, y para acceder a más análisis de mercado, consulte el Índice de Desempeño Sectorial, el especial de Análisis de Mercado y participe en los Foros Sectoriales de Sectorial.
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