Con el arancel cero previsto para 2030, el sector enfrenta una tormenta perfecta: precios en caída, costos en alza, competencia ecuatoriana creciente y un fenómeno de El Niño en ciernes.
El sector arrocero colombiano atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A la caída sostenida de los precios y al encarecimiento de los insumos se suma un horizonte que genera cada vez más inquietud entre los productores: en 2030, según el cronograma pactado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, desaparecerán por completo los aranceles para el arroz estadounidense, abriendo la puerta a importaciones ilimitadas y sin ningún tipo de gravamen.
La medida no es nueva. Cuando el acuerdo entró en vigor en mayo de 2012, los negociadores colombianos lograron un periodo de desgravación de 19 años para proteger al cereal. Sin embargo, esa ventana se agota rápidamente y el sector se aproxima a la libre competencia sin haber cerrado las brechas estructurales que lo separan de su competidor norteamericano.
Precios a la baja, costos al alza
De acuerdo con un análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Grupo Cibest, los precios del arroz paddy acumularon caídas de 1,7 % en 2024 y de 17,0 % en 2025, mientras que el arroz blanco retrocedió 2,9 % y 9,8 % en esos mismos periodos. La tendencia continuó en el arranque de 2026: entre enero y abril, el paddy bajó un 4,8 % adicional y el blanco cayó 11,4 % interanual.
En paralelo, los costos de producción no han cedido. Los abonos y plaguicidas, que ya habían registrado un salto de 29,8 % en 2022, volvieron a subir 6,5 % durante 2025 y acumularon otro incremento de 3,7 % en los primeros cuatro meses de este año. Ese desbalance entre ingresos y gastos está presionando la rentabilidad del cultivo y frenando las decisiones de siembra en regiones clave.
Los Llanos, motor arrocero en desaceleración
Los departamentos de Meta y Casanare, que concentran más de la mitad del área sembrada de arroz en el país, empiezan a mostrar señales de retroceso. Meta registró una corrección de 23,6 % en su área cultivada durante 2025, mientras que Casanare reportó una reducción de 0,9 %. La pérdida de rentabilidad está afectando incluso a las zonas consideradas más competitivas del mapa arrocero nacional.
A la presión de mercado se añade la incertidumbre climática. Los modelos más recientes de la NOAA anticipan una transición rápida hacia el fenómeno de El Niño, con probabilidades de consolidación que oscilan entre el 82,0 % y el 98,0 % durante el resto de 2026, un escenario que podría reducir la disponibilidad de agua para riego y afectar los rendimientos por hectárea.
La presión ecuatoriana y el frente externo
El panorama se complica aún más por la creciente competencia desde Ecuador. Según el informe de Cibest, los precios internos del arroz en ese país cayeron 19,0 % en 2025 y otro 23,0 % entre enero y abril de 2026, lo que impulsó sus exportaciones hacia Colombia. Aunque el reciente episodio de aranceles recíprocos entre ambos países frenó temporalmente el flujo comercial, la normalización de relaciones, tras la derogación del Decreto 0170 por parte de Colombia en junio de 2026, reabre la puerta al ingreso del cereal ecuatoriano, que históricamente tiene alta demanda en las zonas fronterizas.
2030: la línea de llegada
La directora ejecutiva de Induarroz, Sandra Avellaneda, ha insistido en que la misión del país es adelantar un proceso de preparación antes de que termine la desgravación. Mejorar los rendimientos por hectárea, incorporar tecnología, optimizar el uso del agua y reducir costos operativos figuran como los ejes prioritarios. Sin embargo, la adopción tecnológica sigue siendo desigual: mientras los productores empresariales avanzan en el proceso, la mayoría de los agricultores campesinos aún no cuentan con esas herramientas.
Colombia también enfrenta desventajas en infraestructura y logística. Los costos de transporte interno siguen siendo superiores a los de otros países productores, lo que limita la competitividad de los cultivadores.
El calendario del TLC no admite aplazamientos. Para los miles de familias que dependen del cultivo en departamentos como Tolima, Meta, Casanare, Huila y Norte de Santander, los próximos cuatro años serán determinantes para saber si el arroz colombiano logra fortalecerse o si, por el contrario, la libre competencia profundiza una crisis que ya se siente en los campos.
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